Los representantes del movimiento cívico Participación Ciudadana, consideraron este martes que la sentencia absolutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Súper Tucano, y el no ha lugar en el de Los Tres Brazos, se suman al expediente Odebrecht en la «Misma ruta de impunidad que sigue nuestro país desde siempre», dejando «Muy mal parado» al sistema de justicia.

“No importa que la culpa sea del Ministerio Público o de los jueces, quien resulta finalmente perjudicado es la ciudadanía”, indicaron.

Aseguraron que en Los Tres Brazos se vendieron terrenos del Estado en forma irregular y contrario a la Constitución y las leyes, en favor de una empresa privada y en perjuicio de personas que ocupaban dichos terrenos por largos años.

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El movimiento cívico, señaló que «En el caso Super Tucano, revela la imperiosa necesidad de introducir reformas que impidan se instale el interés partidario en el Ministerio Público, pues este caso, al igual que el de Odebrecht, estuvo bajo la responsabilidad de Jean Alain Rodríguez, un procurador general de la República que fue incapaz de perseguir la corrupción de sus propios compañeros de partido».

La institución de la sociedad civil, indica que las decisiones sobre estos tres casos se producen en momentos en que se han instalado francotiradores que pretenden descalificar a la magistrada Miriam German Brito, a pesar de que estos expedientes, al igual que la precaria situación carcelaria que existe en el país, no han sido responsabilidad suya.

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“Las críticas a la magistrada Germán tienen por finalidad presionarla para hacerla renunciar a su posición y colocar allí a alguien que permita que los escándalos de corrupción que cursan ante el Poder Judicial o se encuentran bajo investigación actualmente, sigan la suerte de los preparados bajo la responsabilidad del antiguo procurador general de la República”, concluyó Joseph Abreu.

Concluyeron que respetan la obligación de los jueces de fallar los casos conforme a las pruebas presentadas y sólo bajo el amparo de la Constitución y las leyes, pero, al mismo tiempo, defienden el derecho ciudadano de propugnar y luchar por el fin de la impunidad que ha permitido el enorme crecimiento de la corrupción en el país.