El coordinador general de Participación Ciudadana advirtió que es injustificable cualquier procedimiento de compras y contrataciones en instituciones públicas, que se haga al margen del mandato de lo que establece la ley 340-06 que rige la materia.

Joseph Abreu dijo que se justifican los cuestionamientos que se están haciendo desde los medios de comunicación a los millonarios contratos que está obteniendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en compras y contrataciones de bienes y servicios, lo que se ha extendido a la construcción del edificio que alojará las oficinas del Defensor del Pueblo.

Sobre este último caso, Abreu sostiene que si los recursos para edificar dicha obra provienen del organismo internacional ya ese es otra cosa, pero si son recursos públicos, es obligatorio acogerse a lo que establece la ley y la Constitución de la República en ese sentido.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el dirigente del movimiento cívico no partidista dice que debe ser revisado cualquier institución que esté sometiendo un proceso al margen de la ley.

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Agregó que la misma ley de Compras y Contrataciones hace la salvedad de los distintos procesos para adquirir bienes y servicios con recursos del Estado, y en tal virtud ningún organismo nacional o internacional tiene facultad para actuar al margen de lo que establece dicha norma.

“En términos generales yo creo que toda utilización de fondos públicos debe estar sometido al marco legal y al marco constitucional, cualquier edificio, en este caso el edificio de la Defensoría del Pueblo, o cualquier proceso de compra o contratación que haga un ayuntamiento, gobierno local o central, independientemente de quien se asesore, debe estar en el marco normativo de la ley de Compras, y el procedimiento debe hacerse por esa norma”, insistió Joseph Abreu.

Sostuvo que “si no se hace, está bien los cuestionamientos que está haciendo los medios de comunicación, y entendemos que, también, debe ser revisado cualquier institución que esté sometiendo un proceso al margen de la ley, o sea eso no se puede justificar, independientemente quien lo esté haciendo, ya sea el PNUD o cualquier organismo que vulnere este marco legal sobre el cual deben aplicarse las compras y las contrataciones públicas”.

El coordinador general de Participación Ciudadana insistió que el mandato de la norma es muy claro en lo relativo a las compras de mobiliario y las obras públicas de construcción, que tienen que realizarse conforme a la ley 340-06.

“O sea que no se puede alegar que es una contratación que está exenta del marco de la ley, o pueden estar exentas a diferentes niveles de rigurosidad, porque todas deben hacerse a través del portal de Compras y Contrataciones, y deben garantizar los principios fundamentales de la ley de transparencia, y de libre competencia”, aclaró.

Indicó que, lo que pueden ir relajándose son los procedimientos, y los plazos, que puede ser si se hace mediante una licitación pública, o compra menor directa, si es una subasta inversa, ya eso varía en función del nivel, el volumen y los parámetros.

Recalcó que, al margen de las salvedades que tiene la misma ley, ningún organismo local o internacional tiene la prerrogativa de transar compras y contrataciones de bienes y servicios, dentro de ellos construcción de edificaciones, fuera de los límites de la norma, y si lo hiciera la estaría violentando.

Abreu dice quienes critican retroactividad ley Extinción de Dominio le preocupa revisen origen de sus bienes

Joseph Abreu coordinador de Participación Ciudadana critica que se estén esgrimiendo una serie de subterfugios para la no aprobación de la ley de Extinción de Dominio, específicamente en el caso de la irretroactividad de la aplicación de dicha norma.

“La preocupación de que se pueda aplicar la ley de Extinción de Dominio de manera retroactiva, y nos llama la atención porque eso manda un mensaje de que, a mí me preocupa que se revise mi patrimonio de los últimos 20 o 30 años, o sea, por qué debo tener una preocupación con respecto a eso”, se cuestionó el dirigente de la sociedad civil.

Abreu dijo que también se observa una falta de entendimiento de lo que se está aplicando, ya que se tiene que partir del axioma de que la ilegalidad no genera derecho.

“Entonces si usted adquirió un bien de manera ilícita hace diez años, no es que usted lo está aplicando de manera retroactiva, por eso la norma cambia el término y le llama retrospectividad de la ley, que es un procedimiento para aplicar una sanción que ya está entendida, o sea, yo adquiero un bien que tuvo un origen ilícito, en la práctica yo nunca lo adquirí”, explicó.

Abreu insistió en que, como la ilegalidad no genera un derecho, la ley lo que trae es un procedimiento para aplicar ese principio, de que, como nunca se adquiere un bien que tiene un origen ilícito, entonces se procede en el sentido antes explicado.

“Y como es un procedimiento civil, no ataca penalmente a la persona, porque ese juicio es otro, porque es una auditoría a los bienes, y tiene que ver tanto con el origen ilícito del bien, como el uso de la actividad ilícita de dicho bien”, detalló.

Otro ejemplo, según el coordinador de Participación Ciudadana, es cuando alguien posee un apartamento y sabe que se utilizó para retener una persona secuestrada, o para la venta de drogas, aunque fuera adquirido de manera lícita, pero no denunció esos ilícitos las autoridades, entonces ese bien se le puede extinguir del dominio a esa persona.

Abreu aseguró que Participación Ciudadana está apoyando cien por ciento la ley como se redactó, como la presentó el senador Antonio Taveras, y en el marco del modelo presentado por las Naciones Unidas de la ley de Extinción de Dominio.

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El otro orden el Movimiento Cívico no partidista volvió a pedir a los congresistas que se aboquen al conocimiento y aprobación de las modificaciones de las leyes de Partidos Políticos y Régimen Electoral.

Recordó que ambas piezas, que son fundamentales para la organización y el montaje de los venideros comicios, han sufrido varios desprendimientos debido a la declaratoria de inconstitucionalidad que ha pronunciado el Tribunal Constitucional en varios de los artículos de ambas piezas.

En tal virtud, el dirigente de la sociedad civil dijo que apoya la declaración de no conforme con la Constitución del voto electrónico que recientemente pronunció el TC, por considerar que dicho sistema de votación tiene dificultades para auditarlo y verificarlo.

Participación Ciudadana, a través de su coordinador, reiteró su rechazo a toda iniciativa de ley que tienda a vulnerar la libertad de expresión y el trabajo de la prensa.