El movimiento cívico, Participación Ciudadana, depositó un escrito de intervención voluntaria en el recurso contencioso administrativo interpuesto por varios fiscales el pasado mes de febrero por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), procurando la nulidad del concurso interno CIT-01-2020 del Ministerio Público, mediante el cual se escogerían los titulares de procuradurías de cortes regionales, procuradurías especializadas, fiscalías y abogados del Estado.

“Solicitamos al TSA declarar nulo el concurso ya que el mismo viola principios fundamentales que rigen la Administración y es contrario a la Constitución dominicana, a la Ley No. 133-11 Orgánica del Ministerio Público y al Reglamento de Carrera del Ministerio Público. Entre las irregularidades que presenta el concurso se cuenta que el mismo fue convocado sin previamente haberse establecido los escalafones correspondientes dentro del Ministerio Público y que, de acuerdo a la Ley, son indispensables previo a la designación de cualquier titular, movimiento de miembros y nombramiento de sustitutos. Sin el establecimiento de estos escalafones no se garantiza el respeto a la carrera de los miembros del Ministerio Público afectando el nombramiento de estos y comprometiendo su independencia y seriedad”, expresó el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil.

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En un comunicado de prensa, Participación Ciudadana indicó que el concurso también fue realizado sin respeto al principio de debida publicidad, sin transparencia y con un censurable hermetismo, ya que ni los concursantes ni la ciudadanía en general pueden conocer quiénes fueron los aspirantes a los diferentes puestos.

“Asimismo, y como forma de procurar un nombramiento discrecional de los nuevos miembros, el concurso viola el debido proceso y la tutela judicial efectiva al otorgarle mayor puntuación en el proceso de evaluación a las etapas más discrecionales del mismo, como son las entrevistas, en lugar de guiarse -en base al principio constitucional de la buena administración-, por las mejores prácticas que privilegian los méritos, competencias, la experiencia y trayectoria de los aspirantes. Las bases del concurso igualmente vulneran el debido proceso, entre otras cosas, al impedir que los concursantes puedan recurrir cualquier decisión en su contra”, agregaron.

Con su intervención, Participación Ciudadana busca que este proceso irregular sea declarado nulo y consecuentemente se frene el intento de «secuestro y control» del Ministerio Público que esta entidad ha venido denunciando.

En el recurso de intervención voluntaria ante el Tribunal Superior Administrativo contra el concurso interno de elección de miembros del Ministerio Público, Participación Ciudadana tiene como abogados apoderados a la Dra. Fabiola Medina Garnes, el Dr Jesús Francos Rodríguez y la Dra. Melissa Silié Ruiz.