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Un total de 26 mil 835 millones de pesos, lo que equivale a 563 millones de dólares, han costado al Estado Dominicano en apenas ocho años los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria de la Autopista Juan Pablo II.
Inaugurada en diciembre de 2008, la vía sólo ha dejado pérdidas al fisco; sin embargo, la empresa de capital colombiano Autopistas del Nordeste, que tiene la concesión, tiene sus beneficios garantizados. Y es que el contrato, adjudicado en 1999, establece la garantía de un ingreso mínimo en sus inicios y en sus adendas posteriores.
Pedro Catrain, senador por Samaná, asegura que el Estado ha pagado una cantidad exorbitante que supera el costo de construcción de la vía.
“Las dos carreteras, la Juan Pablo II y el Boulevard del Atlántico que llega hasta Las Terrenas costaron 305 millones de dólares y a la fecha de hoy el Estado Dominicano ha pagado 400 millones”, dijo Catrain al ser consultado por El Informe con Alicia Ortega.
Catrain se queda corto pues a la fecha se han pagado más de 563 millones de dólares por el déficit de los peajes. Cada año el gobierno se ve obligado a pagar miles de millones de pesos gracias a una cláusula que garantiza a la empresa concesionaria un ingreso mínimo, que al no ser cubierto por la baja circulación vehicular, debe ser compensado por el Estado.
“Ese contrato tiene una cláusula leonina que establece una tasa de retorno obligatoria para la compañía de un mínimo de 16.9 cuando las tasas de retorno de las deudas públicas no pasan de un 3 o un 4 por ciento, por lo tanto no puede argumentarse la seguridad jurídica cuando existe un contrato tan perjudicial para el Estado y para los intereses del desarrollo turístico de la provincia de Samaná”, manifiesta Catrain.
El entonces secretario de Obras Publicas, Miguel Vargas Maldonado, refrendó esta cláusula en 2001, y así lo demuestra el articulo duodécimo que dice que el Estado “garantiza un ingreso mínimo para la etapa de operación plena del proyecto” y que “sustenta la ingeniería financiera básica” del mismo.
Actas rubricadas en agosto de 2005 y enero de 2006, respectivamente, por el entonces secretario de Obras Públicas Freddy Pérez estipulan que “El Estado Dominicano tiene la obligación de garantizarle a la concesionaria un mínimo ingreso a fin de mantener el equilibrio económico del proyecto”.
Igualmente ocurrió en el acta de acuerdo número 10 firmada por el entonces secretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa en agosto de 2007.
Poco más de tres meses después, en noviembre de 2007, Díaz Rúa también firmó el tramo Nagua, Samaná, Las Terrenas, Aeropuerto El Catey-Rincón de Molinillos y allí se volvió a garantizar ingreso mínimo, también denominado peaje sombra.
Pero eso no es lo único que la empresa concesionaria tiene garantizado, también el pago de Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios, ITBIS.
Así lo refleja el acta de acuerdo número seis que estipula en sus motivaciones que “a la fecha de presentación de la oferta en noviembre de 1999 no estaba vigente la normatividad actual respecto al ITBIS, en el evento en el que al concesionario se le exija aplicar el ITBIS vigente a partir del mes de enero de 2001, el concedente, o sea el Estado, se obliga a asumir la diferencia como aporte adicional”.
“ Se debe hacer una investigación para de una vez por todas dar una muestra de que debe haber un sistema de consecuencias ante las irresponsabilidades de los funcionarios públicos, porque muy alegremente se firman los contratos pero las consecuencias no deben ser solo del pueblo dominicano sino de ese funcionario o funcionarios responsables del cumplimiento de su función y una de sus funciones es defender el dinero del pueblo”, sostiene Rosalía Sosa, integrante de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana.
Doce años después de su inauguración el Estado busca rebajar la cantidad desembolsada y para esto ha formado una comisión que ya se ha reunido con representantes de la empresa.
El diálogo es confirmado por el presidente ejecutivo de Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico, Enrique Olarte, quien declinó una entrevista asegurando que no quiere entorpecer un posible acuerdo con el gobierno.
Olarte manifestó vía telefónica “tenemos toda la mejor voluntad y se tiene como un objetivo poder llegar a una solución sostenible que beneficie al país y que permita continuar promoviendo el modelo de concesiones de infraestructura vial por inversión extranjera y local logrando, la conectividad que se requiere en el país para fomentar su competitividad a largo plazo”.
“Vamos a esperar los resultados de esta renegociación, pero el contrato está, lamentablemente, como en prácticas pasadas en los contratos siempre pierden el pueblo y el Estado Dominicano y siempre gana la empresa”, concluye Sosa.
