La fiscalía dominicana continuaba hoy los interrogatorios al exministro de Denfensa, un coronel activo y dos empresarios, por haber recibido presuntamente un soborno de la empresa aeronáutica brasileña Embraer para facilitar la compra de ocho aviones Súper Tucano.

“El Ministerio Público tiene en sus manos una investigación con un carácter delicado”, dijo a periodista Laura Guerrero, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción.

Sin embargo, se abstuvo de adelantar las posibles medidas de coerción que solicitará en la audiencia prevista para esta tarde en contra de los implicados, que pueden ir desde arresto domiciliario hasta prisión preventiva.

Explicó que Carlos Piccini, un coronel activo de la Fuerza Aérea, estaba bajo interrogatorios de forma previa a la audiencia del lunes. Piccini y el ex secretario de las Fuerzas Armadas Rafael Peña permanecen detenidos desde el 10 de agosto, junto a dos empresarios, por presuntamente haber recibido 3.5 millones de dólares por parte de ejecutivos de Embraer, a fin de garantizar que el Senado aprobara la compara de una flotilla de las ocho aeronaves entre 2009 y 2010.

Cándido Simó, abogado de ambos militares, insistió que la fiscalía no tiene ninguna evidencia concreta contra sus clientes, sino sólo comprobantes de transferencias bancarias a cuentas en las que los oficiales no tenían participación.

El lote de ocho aeronaves Súper Tucano A-29B fue adquirido por el gobierno a Embraer por 93,6 millones de dólares mediante un crédito del estado dominicano con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.

El préstamo y la adquisición de las aeronaves fueron aprobados por el Senado durante la época en la que Peña fungía como secretario de las Fuerzas Armadas y Piccini era director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea, en la administración del entonces presidente de la República Leonel Fernández.

Piccini participó de manera directa en la negociación con Embraer y defendió en el Senado la importancia de la transacción. La Procuraduría General dominicana abrió la investigación en 2014 luego de que la fiscalía de Brasil sometió a la justicia a varios ejecutivos de Embraer que confesaron haber pagado sobornos a funcionarios dominicanos a cambio de garantizar la compra de los aviones.