Baní. La provincia Peravia espera por la solución de cinco homicidios que la impactaron en 2023 y a los que las autoridades no dan respuesta.

Uno de esos casos es el asesinato a balazos del empresario José Rolando Melo, esposo de la diputada Carmen Leyda Scarfullery, la noche del 10 de octubre, cuando una persona no identificada le disparó mientras subía la escalera hacia su apartamento.

Su muerte es atribuida al sicariato, y tan pronto cometió el hecho su victimario huyó por callejones, para más luego abordar una moto que lo esperaba en una calle próxima al sector, registran cámaras.
Otras dos muertes que permanecen impunes son las de Francelis Araujo Arias y Rusbel Pimentel, de 24 y 20 años, asesinados la madrugada del domingo 20 de agosto cuando abordaban un vehículo en la avenida Fabio F. Herrera.

En el incidente resultó herido William de Jesús Lara, que según las versiones, era la persona a quien pretendían asesinar y había regresado recién de Estados Unidos. Con relación a este hecho, tanto la Policía como el Ministerio Público señalan como autor al joven Aldrid Manuel Lara Martínez.

Fue confirmado que penetró en yola a Puerto Rico, donde fue apresado por las autoridades de esa isla, pero que dada su condición de ciudadano de Estados Unidos, no pueden remitirlo al país para que responda por su vinculación con el asesinato de los dos jóvenes.

Con relación a este suceso, al ser consultado por periodistas locales el fiscal Ángel Darío Tejeda Fabal ha expresado que por su condición de ser ciudadano de Estados Unidos, Lara Martínez, será procesado en Puerto Rico.

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Sobre el particular, abogados expresan su desacuerdo. «La fiscalía no debe dejar ese caso en el aire, indefinido, toda vez que existe un tratado de extradición con Puerto Rico, por lo que la fiscalía lo que debería hacer es fundamentar los elementos jurídicos y solicitar su extradición al país”.

El 30 de marzo fueron asesinados a balazos en un centro de ventas de bebidas alcohólicas, en la intersección de las calles Duvergé y Uladislao Guerrero, el comerciante Miguel Ángel Núñez y el joven Braulio Guillermo Lara, de 57 y 40 años.

Aunque hay dos personas apresadas, están pendientes de juicio de fondo y el autor principal puedo salir del país a México desde donde pasó a Miami, apresado por las autoridades de ese país y contra quien desde aquí el Ministerio Público no ha solicitado extradición.

Sectores representativos de la provincia están preocupados por la lentitud de las autoridades y su falta de respuesta ante estas cinco muertes y demandan que no queden impunes.