Parece que el empresariado finalmente ha decidido luchar hasta alcanzar el espacio social, que como ente económico e inversionista, le corresponde junto al Estado y los sindicatos en la organización, desarrollo y modernización del caótico transporte público y de carga para el bienestar de la República Dominicana.

A partir de dicho acierto se entiende el comunicado profundo que ha publicado el Consejo de la Empresa Privada (CONEP), reclamando finalizar la permisividad imperante en el sector transporte, y solicitando urgentemente al Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordene a las instituciones correspondientes cumplir las leyes y garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución para preservar la libertad, la seguridad y la dignidad humanas.

Los argumentos que sustentan la acción de amparo solicitada son sólidos, convincentes, consistentes con la realidad e inapelables, a saber: la altísima sensibilidad social del transporte debido a la presencia del crimen organizado, violencia, intimidación, uso ilícito de recursos del Estado, afiliaciones políticas interesadas, arbitrariedad, extorsión y trato vejatorio a los usuarios.

Desamparo colectivo atribuible a la posición dominante de los supuestos sindicatos de transporte, agravada por la actitud permisiva de los entes estatales, Ministerios de Trabajo, Turismo, Industria y Comercio, Defensa, Interior y Policía, la Policía Nacional y la OTTT; el transporte como seria limitante para la inversión extranjera y dañina a la competitividad; una de las principales razones de la inseguridad, el caos, el desorden y la inequidad ante la ley. Son, definitivamente, argumentos verificables. Rafael Blanco Canto y Campos de Moya han decidido echar el pleito con grandes expectativas, guiando a la opinión pública.

Conclusión: el TSA concederá el amparo reclamado por el CONEP y otras 90 entidades y el Estado estará compelido a acabar las políticas permisivas que, desde 1966, han practicado nuestros gobiernos.