Autoridades nacionales y locales obvian leyes prohiben asdentamiento humano en lugares de alta vulnetabilidad

La proliferación de asentamientos humanos alrededor de cañadas, cuencas de ríos y otros lugares vulnerables es resultado de la irresponsabilidad histórica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ayuntamientos y distritos municipales, que según las disposiciones del 109 y 110 de la Ley 64/00 son los responsables de regular el uso de suelo en sus demarcaciones.

Así lo consideró el experto en asuntos municipales, Waldys Taveras, quien deplora que en nombre del derecho a la vivienda en la República Dominicana se ha permitido la instauración de asentamientos humanos en zonas vulnerables, sin ningún tipo de control de seguridad y cumplimiento de las norma de construcción y ornato público. Esto, precisa, poco a poco divide el país en arrabales donde viven las mayorías y ciudades o centros urbanos donde habitan las minorías.

Cita que el artículo 109 de la Ley 64/00 establece que será responsabilidad de los ayuntamientos municipales y del Distrito Nacional, exigir los estudios ambientales correspondientes a los proponentes de proyectos de desarrollo y expansión urbana y suburbana, en su área de influencia, en coordinación con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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Especifica que los asentamientos humanos no podrán autorizarse en lechos, cauces de ríos o zonas expuesta a variaciones marinas, terrenos inundables, pantanosos o de relleno, vertederos municipales, depósitos o instalaciones de sustancias peligrosas.

Tampoco, en lugares donde existan probabilidades ciertas de la ocurrencia de desbordamiento de aguas, deslizamientos de tierra y cualquier condición que constituya peligro para la vida y la propiedad de las personas.
Taveras, ex regidor del Distrito Nacional y director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo (MGSD) atribuye los asentamientos humanos en lugares de alta vulnerabilidad, a la complicidad de las autoridades policíales que permiten la ocupación ilegal de propiedades públicas y privadas. También a las autoridades judiciales que no establecen sanciones a quienes en violación a la ley auspician estos asentamientos.

El populismo político
Pero otra de las razones de la ocupación de terrenos en las colindancias con las cañadas, está la seguridad de que por un acto de populismo las autoridades realizan las inversiones mínimas en infraestructuras de los servicios públicos como asfaltado de calles, iluminación pública entre otros.

Con las lluvias más recientes quedó al desnudo esta práctica, cuando decenas de viviendas construidas a orilla de cañadas quedaron inundadas.