EFE 
Ginebra.- La supuesta discriminación que sufren en República Dominicana los haitianos y las personas de esta ascendencia, persiste como una viva preocupación para la Organización de las Naciones Unidas ( ONU).
“El Comité lamenta que el Estado parte no haya dado cumplimiento a su anterior recomendación y continúa preocupado par la discriminación” que sufre esa comunidad, señaló el órgano de Naciones Unidas en su informe sobre el país caribeño.
En ese sentido, consideró lamentable la sentencia del Tribunal Constitucional que privó, de forma retroactiva, de la nacionalidad a personas de ascendencia haitiana, incluso si habían nacido o vivido por décadas en República Dominicana.
Esa norma ha conducido a que “un número significativo de personas de origen haitiano se encuentran en condición de apátridas, lo cual limita el ejercicio efectivo de sus derechos”, pese a la adopción de una medida de regularización y naturalización para los afectados.
En vista de esa situación, el Comité pidió al Gobierno dominicano adoptar “todas las medidas legislativas y administrativas» necesarias para combatir todas las formas de discriminación -sean formales o que se hayan instalado por la práctica- contra los haitianos o los dominicanos que tengan esa ascendencia. Asimismo, pidió que se restablezca la nacionalidad a todas las personas afectadas.
De manera más general, el Comité consideró preocupante la continúa “discriminación racial contra los afrodescendientes” y pidió a las autoridades que tomen medidas para revertir esta situación, incluyendo campañas de sensibilización.
Como parte de la discriminación denunciada, el órgano de la ONU dijo que existe un número importante de niños menores de cinco años que no cuentan con registro de nacimiento y que estos casos se observan sobre todo entre aquellos pertenecientes a grupos marginados.
Igualmente se ha detectado que para la inscripción de niños haitianos se piden requisitos excesivos, incluso cuando uno de los padres es de origen dominicano, con lo que están amenazados de convertirse en apátridas y ver limitados sus derechos a la educación y a la salud.
El Comité también se pronunció en otro pasaje de su informe final sobre República Dominicana sobre la cuestión del aborto en este país y lamentó su prohibición total.
Consideró que problemas como el elevado número de abortos inseguros, de embarazos entre adolescentes y la alta tasa de mortalidad materna tienen entre sus causas la falta de servicios de salud sexual y reproductiva, así como a información adecuada.
Por esta razón, pidió al Congreso que acelere la discusión y la adopción del proyecto de ley para despenalizar el aborto en los casos en que sea necesario, como violación, riesgo de la vida o salud física o mental de la mujer e inviabilidad del feto.
