LIMA. Mercedes Aráoz, la presidenta que fue nombrada por el disuelto parlamento opositor de Perú, renunció el martes al cargo debido a que “no existen las condiciones mínimas para ejercer el encargo”, por lo que pidió al mandatario Martín Vizcarra que convoque a elecciones “en el más breve plazo”.
Aráoz dejó el cargo un día después de rendir juramento como presidenta en una inusual sesión parlamentaria, que se produjo como respuesta a la orden de Vizcarra de disolver el Congreso. El mandatario cerró el parlamento después de que no se le concediera la posibilidad de instalar rigurosos filtros al proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional, un órgano clave en el manejo del poder local.
La decisión de Aráoz disminuye el clima de incertidumbre política que reina en Perú desde la disolución del Parlamento unicameral dominado por el partido opositor Fuerza Popular de Keiko Fujimori, quien se encuentra en prisión mientras la fiscalía conduce una investigación sobre el presunto recibo de sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Aráoz publicó su decisión en su cuenta oficial de Twitter.
Horas antes fue denunciada por el delito de usurpación de funciones por dos destituidos legisladores izquierdistas que estaban a favor de la disolución del Parlamento. Las leyes peruanas castigan el delito de usurpación de funciones con una pena de entre 4 y 7 años de cárcel.
Antes de su renuncia, la Organización de Estados Americanos propuso que el Tribunal Constitucional de Perú se pronunciara sobre la legalidad de la disolución del Congreso y la decisión del Parlamento de reemplazar al mandatario por Aráoz, quien también renunció a su cargo como vicepresidenta.
En un comunicado la OEA valoró como un “paso constructivo” que Vizcarra haya convocado a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020 “y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano”. Los nuevos 130 legisladores culminarán su gestión el 28 de julio de 2021 cuando junto a Vizcarra entregarán el poder a la siguiente administración Ejecutiva y Legislativa.