Los jugadores de gallos en varios municipios de las provincias Azua, San Juan y Elías Piña no dan tregua, continúan desafiando a la pandemia covid-19, y a las autoridades cuando en las últimas dos semanas han sido desmanteladas ocho galleras en esas demarcaciones.
Las jugadas de gallos no solo se están realizando en locales propios para esa actividad, sino también en patios de viviendas cuya ubicación está lejos de los destacamentos de la Policía Nacional.

Reportes de prensa suministrado por la Regional Oeste de Policía Nacional con asiento aquí, informan sobre nuevos desmantelamientos de otras galleras en las comunidades Barranca, Las Zanjas, Los Fríos, Gajo de Pedro, Jorgillo y La Estancia, todas pertenecientes a esta provincia.

También figuran otras cuatro desmanteladas, dos en el municipio Hondo Valle, de la provincia Elías Piña, y dos en Azua.

Causa cierta extrañeza en la zona que, en los operativos que realiza la Policía Nacional, solo aparecen arrestados los dueños de las de las galleras.

Vigilantes civiles. Según se informó, los jugadores de gallos están contratando “vigilantes civiles” para que vigilen a los agentes de la Policía cuando estos se aproximen a los lugares de jugadas, para emprender la huída y así evitar ser apresados.

A esta práctica se une el hecho de que, como en los destacamentos policiales de las zonas rurales y suburbanas solo hay tres agentes, o máximo cuatro, estos no dan abasto para las tantas demandas que cada día se presentan.

Y lo peor, la mayoría de los residentes en los lugares donde operan galleras formales e informales, se convierten en cómplices por comisión u omisión, lo que hace aun más difícil a los agentes controlar la jugadas de gallos en medio de la actual pandemia del coronavirus.
Para evitar el contagio de la pandemia, las autoridades de Salud Pública prohibieron las jugadas de gallos, un entretenimiento que implica el pago de dinero por apuestas.

Sin embargo, la práctica se mantiene clandestinamente, y de hecho, hace varias semanas el ministro de Salud, Plutarco Arias, denunció que los galleros de Santiago estaban operando pese a las prohibiciones que, forman parte, del protocolo sanitario que se aplica en el país para controlar las aglomeraciones y el contagio de la enfermedad.