En sus primeros 100 días de gobierno el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, buscaría ejecutar varias de sus promesas de campaña como la reanudación de la negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa del país.

Los objetivos a corto plazo forman parte del informe del equipo de Petro divulgado luego de recibir información de las finanzas públicas y el funcionamiento del Estado del saliente gobierno del conservador Iván Duque, quien entregará el poder el 7 de agosto.

La transición política de Colombia hacia su primer gobierno de izquierda significaría un cambio en las prioridades del gobierno. Petro y su canciller designado, Álvaro Leyva, han señalado su voluntad de buscar una “paz total”, con lo que se espera un impulso al desarme de varios grupos ilegales para frenar el ciclo de violencia que no terminó luego de la firma del histórico acuerdo de paz en 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La analista política Sandra Borda, docente de la Universidad de Los Andes, dijo se trata de una meta ambiciosa porque el proceso puede tomar años y advirtió que resta ver qué tanto se han transformado las intenciones de negociación del ELN. El diálogo que tenía como sede a Cuba se quebró en 2019 por decisión del gobierno de Duque luego de que la guerrilla atacó una escuela de policía y causó 22 muertes.

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“El gobierno de Petro ha mandado múltiples mensajes de que la negociación con el ELN es su prioridad. El nombramiento del canciller está en función de conseguirle apoyo internacional a un proceso de paz interno, se ha dedicado toda la vida a eso”, aseguró Borda a The Associated Press.

Del lado de la guerrilla también habría disposición. Antonio García, comandante del ELN, aseguró el lunes en su cuenta de Twitter que la voluntad de paz es “real” y criticó la suspensión de las negociaciones. “Luego de perder cuatro años tenemos que reanudar, es una deuda de Duque con la historia”.

Para la analista tanto el objetivo de avanzar en las negociaciones con el ELN como de impulsar otras reformas buscan aprovechar el “primer impulso” que le ha dado a Petro el apoyo popular.

Aprovechando las mayorías en el Congreso, el gobierno de Petro aspira a impulsar la ratificación del acuerdo regional de Escazú que promueve la protección de los defensores del medio ambiente y el acceso a la información.

El informe de su equipo también sugiere que se declararía una moratoria minera, es decir, una revisión del cumplimiento de las obligaciones ambientales y económicas por parte de los actuales concesionarios, y el diseño de un nuevo modelo minero.

Petro ha dicho que acelerará la transición energética pero respetará los contratos vigentes del sector minero y de hidrocarburos. Sin embargo, adelantó que su gobierno daría mayor prioridad a la participación de las comunidades que se podrían ver afectadas con la explotación de recursos. En ese sentido, el informe reafirmó que se suspenderían los primeros pilotos de fracking, una técnica utilizada para sacar gas y petróleo de rocas profundas tras inyectar con alta presión agua con sustancias químicas que ha generado rechazo en la sociedad civil.

También sugiere una posible suspensión del otorgamiento de licencias para el cultivo de cannabis debido a que identificaron “un alto número de licencias entregadas a empresas multinacionales”. La línea del nuevo gobierno priorizaría el cultivo por parte de las organizaciones campesinas.

A su vez, el nuevo gobierno espera poner en marcha un plan de emergencia para dar protección y seguridad a los defensores de derechos humanos en constante riesgo por el accionar de los grupos armados. Entre 2016 y 2021 fueron asesinados 562 defensores, según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.