La procuraduría general investiga para determinar si los más de USD67 millones pagados por Odebrecht y Supertucano como multas por los casos de sobornos en el país se invirtieron realmente en el proyecto de humanización del sistema penitenciario, en la gestión de Jean Alain Rodríguez.

También rescindió todos los contratos que había con empresas privadas para el suministro de alimentación a los internos en las cárceles del país, y rastrea aspectos que no fueron incluidos en el expediente en ocasión del la constructora brasileña.

La información la dio el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, quien fue designado para conocer de esos asuntos atienentes a ambos casos, a raíz de la inhibición de la procuradora general Miriam Germán Brito en el caso Odebrecht.
“Lo que se está haciendo ahora es conciliando, comprobando que todo lo que se gastó, se gastó en esa cosa (Plan de Humanización), dijo Espiñeira en entrevista para HOY.

ZOOM
Quién despejará la incógnita?
Ninguna autoridad del Ministerio
Público quiso referirse a si estas
indagatorias tenían algo que ver
con el incidente en que se vio envuelto
el pasado jueves el exprocurador
Jean Rodríguez en el aeropuerto
cuando se proponía viajar
a La Florida,Estados Unidos, y
Migración se lo habría impedido.

Lo que trasciende.
Trascendió que sobre Rodríguez
había una “alerta administrativ
a”, medida que juristas consultados
calificaron como ilegal, alegando
que sin autorización de un
juez se violentó su derecho

La entrevista fue realizada justo el día anterior al incidente en el que se vio envuelto el exprocurador Rodríguez en el aeropuerto, cuando fue impedido de viajar al exterior.
Estatus del Plan. El procurador adjunto indicó que hasta el momento el Plan tiene asignado libramientos por USD9,897,196.42, incluidos los USD60 millones de Odebrecht y US$7 de Supertucanos (empresa EMBRAER), según lo programado para el 2019 y 2020.

Recordó que el plan incluye construcción de cárceles y pabellones nuevos; reconstrucción y remodelación en todo el país, así como equipamiento y medio de transporte.
Rescisión contratos comida. Dijo que la PGR decidió administrativamente rescindir los contratos con empresas privadas que suplían los alimentos para los internos en los centros penitenciarios a nivel nacional, y reasignarla nuevamente a los comedores económicos del Estado.

Indicó que en el 2020 a las suplidores privados se les pagó por ese concepto una suma ascendente a RD$960 millones, y que para este año hay presupuestados RD$1,460 millones. Atribuyó el incremento al aumento de la población penitenciaria.

“Fue un acuerdo bien trabajado con las autoridades de los comedores, y puedo decir que el servicio que nos han dado hasta ahora es un servicio que no ha fallado ni en cantidad ni en calidad ni en programación”, subrayó Espiñeira.
Irán a Brasil. Asimismo informó que tienen planificado viajar a Brasil para dar seguimiento a lo que han denominado “Odebrecht 2.0”.

Será para investigar lo relativo a la termoeléctrica de Punta Catalina, que fue excluida del expediente de los sobornos de Odebrecht por el exprocurador Jean Alain, “y de otros aspectos y tipos penales, imputaciones, hechos y personas que no se hayan procesado en el actual caso Odebrecht”, según explicó en una oportunidad anterior la fiscal adjunta Mirna Ortiz.

“Estamos avanzando en eso. No hemos podido ir a Brasil por la situación del Covid allá y los protocolos que están siguiendo ”, dijo Espiñeira en la entrevista a HOY.
Pelean pago en tribunal Brasil. Informó que de la multa de US$184 millones que Odebrecht acordó pagar a cambio de no ser perseguida judicialmente en el país por sobornar a exfuncionarios y legisladores crio llos, la constructora adeuda US$124 millones y tiene pagarés vencidos por un monto de US$96 millones.

Dijo que el consorcio quiso eludir su compromiso de pago tras su declaratoria de bancarrota, diciendo que el acuerdo que firmó con la PGR era un “crédito comercial” y no un “crédito soberano” producto de un acuerdo comercial.
“Nosotros contratamos la firma de abogados brasileña Barral Parente Piñeiro, y logró que el tribunal de Sao Paolo reconociera mediante resolución emitida el 5 de agosto del 2020, que el crédito “era un crédito soberano” producto de un acuerdo”, dijo Espiñeira.

Agregó que Odebrecht recurrió en una instancia y la PGR contestó el escrito “ y estamos a la espera de que la resolución del tribunal de segundo grado salga ratificando la de primer grado”.

Dijo que en esa tarea han contado con el apoyo del ministerio público fiscal de San Pablo; de la administradora que llevó el grado A; y de la embajadora Patricia Villegas, quien le ha dado seguimiento al caso con los abogados en el tribunal.

“Nuestras expectativas son de que se ratificará el reconocimiento del crédito de Odebrecht con República Dominicana”, enfatizó el procurador Espiñeira.
Pago firma abogados. Dijo que la contratación de la firma de abogados brasileños representa un “sacrificio” para el estado dominicano, pero aseguró que el pago no será “exhorbitante” porque no hay cuota Litis sino que ellos cobran por hora de servicios prestados.

“Nosotros hemos pagado hasta ahora unos USD37,000 en el proceso de un año y pico, que calculados a la tasa actual serían alrededor de RD$1.5 millones; pero si nosotros hubiésemos aceptado lo que Odebrecht quería, bajo las leyes comerciales de Brasil, lo que se nos iba a reconocer en el tribunal era un monto exiguo de hasta USD600,000, pagaderos de 20 a 30 años”, puntualizó Espineira.