La procuradora general de la República reveló ayer que uno de los temas que trajo a la Procuraduría el presidente de la Cámara de Cuentas fue el de las supuestas dificultades que puso a ese órgano el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para la auditoría a los fondos públicos que recibió a través de la Junta Central Electoral (JCE) en los años 2012 y 2016.

Miriam Germán Brito manifestó que desconoce las razones que llevaron al PLD a obstaculizar el trabajo de la Cámara de Cuentas, pero adelantó que ya el Ministerio Público tiene abierta una investigación al respecto.

El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, visitó la Procuraduría General de la República (PGR) los días 9 y 30 del mes pasado para tratar diversos temas, incluyendo el de las auditorías al PLD que dieron lugar a unas diligencias de parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución.

La Pepca y la Dirección General de Persecución requirieron la comparecencia del presidente interino del PLD, Juan Temístocles Montás, así como la del contralor de la organización, Francisco Liranzo, y el gerente financiero, Audilio Vargas.

Declaraciones de bienes. El presidente de la CC también depositó en la PGR las declaraciones juradas de bienes de funcionarios o exfuncionarios y, además, aportó una lista con los denominados “omisos” que incumplen con la Ley 311-14, sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos.

La magistrada aseguró que la PGR examina y realiza los estudios contables de las declaraciones juradas de bienes presentadas al MP por la Cámara de Cuentas.

“Se está investigando un gran número de denuncias sobre algunos departamentos del Estado, también sobre declaraciones juradas que fueron traídas por la Cámara de Cuentas, entre ellas a funcionarios que no hicieron declaraciones juradas en el tiempo establecido por la ley”, dijo.

Germán Brito fue enfática al afirmar que la institución investigará todas las declaraciones juradas de bienes de la que está apoderado el MP sin importar el nivel del funcionario que la haya presentado.

“Las declaraciones juradas serán investigadas todas y el que tenga un incremento diferente se pudiera someter a la justicia, si no tiene justificación para ese incremento de su fortuna, porque podemos deducir que hay un enriquecimiento ilícito”, advirtió.