Ante la proximidad de la nueva legislatura congresual a iniciar el próximo domingo 27 de Febrero, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) remitió una lista al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de algunas iniciativas legislativas de alta relevancia para el fortalecimiento institucional del país, a los fines de que se les dé prioridad en la agenda del hemiciclo.

Se trata de anteproyectos, proyectos y/o iniciativas legislativas relacionadas con la seguridad ciudadana, institucionalidad democrática y sistema de justicia, que tienen mucho tiempo en el Congreso.

Entre ellas, la Ley Orgánica del Ministerio de Interior y Policía; nueva Ley General de Contrataciones Públicas, Ley de Extinción de Dominio.

Al presidente Cámara de Cuentas le recuerdan quién es la máxima autoridad

También las reformas a a la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; del Código Penal; las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral; Ley de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social.

La Finjus dijo a Pacheco que son de alta prioridad también la reforma a la Ley 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE); la Ley del Notariado, y de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, entre otras.

La Finjus, a través de su vocero, Servio Tulio Castaños Guzmán, le dice en su misiva a Pacheco que las iniciativas legislativas señaladas como prioritarias son producto de una reflexión y análisis hecho por la entidad de la sociedad civil con el interés de aportar nuevos elementos para enriquecer la labor de la Cámara de Diputados bajo su presidencia, y le agradece su atención,

Una comunicación similar remitió la Finjus al presidente del Senado, Eduardo Estrella, por el inicio de los trabajos del Congreso.

Seguridad ciudadana

La Finjus le recuerda al presidente de la Cámara de Diputados que este tema ha sido señalado de manera reiterada en recientes estudios y encuestas como el problema más importante que enfrenta el país a juicio de la población dominicana, lo que amerita que el Poder Ejecutivo y el Legislativo se aboquen a desarrollar una política integral que requiere la aprobación estas leyes.