El director del Cuerpo de Probatoria y Seguimiento de la Libertad, Martín Almonte, solicitó a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP) la reactivación de ese órgano responsable de verificar y garantizar el fiel cumplimiento por parte de los internos beneficiados con órdenes de libertad condicional, pago de fianzas y prisión suspendida.

Dijo que esa plataforma fue creada en el año 2010, en consonancia con lo que dispone el artículo 9 de la Ley 224-84 de Régimen Penitenciario, y que por falta de recursos no ha funcionado.

Refirió que con RD$11 millones de presupuesto que se le asignó al programa, el entonces procurador general Radhamés Jiménez hizo un plan piloto con 773 internos a los que el Cuerpo de Probatoria dio seguimiento, “y el 98% cumplió con el mandato que le fue impuesto por el juez de ejecución de la pena, lo que demuestra su eficacia”.

Explicó que el Cuerpo de Probatoria está integrado por 12 “paralegales” formados mediante acuerdos con las universidades Católica y Autónoma de Santo Domingo (UCSD y UASD), y 15 oficiales de la Policía y el DNI entrenados con esos fines, le dan soporte.

Almonte, quien además es el coordinador de la Red de Abogados Católicos “Familia y Vida” afirmó que el programa de Seguimiento a los favorecidos con libertad condicionada es muy importante no solo para evitar que personas que en conflicto con la ley “desaparezcan”, sino también para reducir los niveles de feminicidios que hay en el país.

“Dos casos de feminicidios ocurridos porque a los hombres apresados por violencia de género y luego dejados en libertad no se le dio seguimiento, son el de la abogada Anibel González y Juana Domínguez Salas, en San Pedro de Macorís”, dijo Almonte.

Agregó que otro ejemplo que deja claro la necesidad de reactivar la plataforma de Seguimiento a la Probatoria de los presos es la fuga de Quirinito quien estaba bajo arresto domiciliario y desapareció y nadie sabe dónde está.

Almonte manifestó que como esos son muchas las personas que han cometido delitos y puestos en libertad condicionada, pagar una multa y acudir mensualmente a firmar un libro al Tribunal y nadie sabe si cumplen o simplemente desaparecen y son declarados en rebeldía.

“En este momento no se sabe cuántos internos disfrutan de libertad condicionada ni cuántos podrían haber salido del país porque las autoridades penitenciarias no tienen estadísticas organizada”, señaló.

Propuestas. El director del Cuerpo de Probatoria afirmó que el uso de brazalete electrónico ayudaría también en la solución de la problemática, especialmente de los feminicidios.

Propuso que el Estado asuma la compra de ese instrumento legal y la facilite gratuitamente a los internos en condición de vulnerabilidad (enfermos, envejecientes, adictos a las drogas) y por delitos menores).

También que a las víctimas de violencia de género se les provea de un mecanismo que les permita avisar a las autoridades tan pronto estén en peligro; y que las visitas a los hijos de víctimas de violencia de género sean hechas fuera del hogar materno y con supervisión de miembros del cuerpo de probatoria.

“Para iniciar, la Red de Abogados Católicos ofrece donarle 120 brazaletes electrónicos al Estado, los cuales puede también adquirir a un precio económico, para que sean colocados gratis a determinados internos y cobrar módicas sumas a quienes puedan pagar, y no dejar ese negocio a una empresa privada que cobra US$500 por ellos, permitiendo que muy pocos puedan pagarlo”, expresó Almonte.

Afirmó que con la aplicación de estas medidas las cárceles del país se descongestionarían, habrían menos feminicidios, se cobrarían más fianzas “y el gobierno se ahorraría millones de pesos”.