Piden estar atentos a la seguridad jurídica

Piden estar atentos a la seguridad jurídica

Miembros familias Mayol, Serrano junto a abogados.

Familias son accionistas legales Costa Dorada dicen llevan seis años para no ser despojados de terrenos a través de supuesto fraude

Las familias Mayol y Serrano, quienes aseguran ser los dueños de más de seis millones de metros cuadrados en la comunidad de Sabana Buey, provincia Peravia, consideraron que el empresariado dominicano debería estar alerta, ya que la lucha que mantienen desde hace seis años para no ser despojados de sus terrenos, a través de un supuesto fraude, es un ejemplo de las graves debilidades que tiene la seguridad jurídica en el país.

Durante una rueda de prensa, Juan Mayol, al hablar en representación de ambas familias, dijo que a pesar de haber demostrado “hasta la saciedad” que son los accionistas reales y legítimos de Costa Dorada, a través de sus empresas Hilari Mayol, Mayol & Co., Grand Cays Corporation y Okra Company, continúa una litis que tiene frenadas inversiones en esos terrenos.

Indicó que tienen el libro de acciones originales, la posesión del inmueble, el certificado de título de propiedad inmueble, los recibos y formularios de pago de impuestos de la sociedad por décadas, el testimonio de personas que afirman no haber vendido sus acciones a quienes pretenden hoy ser dueñas de las mismas y así apropiarse del inmueble, entre otras pruebas más.

Por otra parte, explicó que aquellos que pretenden ser los actuales propietarios de las acciones de Costa Dorada desprenden sus supuestos derechos de dos contratos concertados con Luis Américo Minervino Ducoudray, contratos que fueron suscritos el 20 de febrero del 2014. Sin embargo, de acuerdo con el acta de defunción emitida por la Junta Central y y una certificación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) esa persona falleció el 2 de febrero del 2010, es decir, cuatro años antes. Además, de que en este fraude hubo todo tipo de delitos: falsificaciones de firmas de personas fallecidas, falsificaciones de firmas de notarios, uso de nombres y cédulas de personas para colocarlas como supuestos accionistas, creación de historial societario ficticio, entre otras.

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