La decisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGSP), de enviar al Ministerio Público el informe de la empresa Transcore Latam, SRL, a fin de que se identifique actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación del sistema de semáforos, mantuvo vivo el debate ayer entre algunos de los senadores.

En el caso del presidente del Senado Ricardo de los Santos este valoró que la entidad correspondiente profundice las investigaciones. “Nosotros lo que apelamos es que se llegue hasta las últimas consecuencias, respetando siempre el debido proceso”, dijo de manera escueta el funcionario de la Cámara Alta.

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De su lado el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Dionis Sánchez, consideró que sobre este contrato suscrito, no solo trata de que un funcionario tome licencia o no, o de que en una institución exista o no corrupción, sino de que el país no aguanta otro escándalo de corrupción. “El país se hartó de este gobierno y su gran cantidad de casos de corrupción”, explicó Sánchez.

Mientras que el vocero del oficialismo en el Senado, Alexis Victoria Yeb, calificó lo hecho por Compras y Contrataciones como válido, al tramitar el caso a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El senador por la provincia María Trinidad Sánchez advirtió que si de algo debe estar seguro el país, es de que el presidente de la República Luis Abinader no va a tapar nada que tenga que ver con corrupción”, porque “aquí no hay vacas sagradas”. Sin embargo, criticó el hecho de que mediáticamente se condene a un funcionario, de manera populista para quedar bien con los que hacen opinión.

En tanto que el senador Antonio Marte, señaló que en entidades como el INTRANT, debe existir un consultor jurídico de calidad que revise la documentación y si no lo hizo entonces se puede determinar de quien es la culpa. “Yo no creo que Hugo Beras y hubiera una mala intención, porque aquí muchas empresas vivas, que pudieron agarrarlo de buena fe”, indicó Antonio Marte.