Con pocas definiciones concretas para la retardada modificación de la legislación que debe armonizar los intereses de empleadores y asalariados, unos y otros halan la cuerda en dirección contraria a pesar del perjuicio social que genera la agudizada ausencia de regulaciones modernizadoras que impulsen la participación plena y de mayores beneficios para el sector laboral en la economía. Reformas que deben extenderse al amparo que corresponde brindar a la Seguridad Social, entre otras adaptaciones al mercado de empleos y a procesos productivos.

En el primer plano aparece como causa del distanciamiento entre las partes el pago de cesantía por el empleador como indemnización cada vez que excluye de nómina a un trabajador. Los representantes sindicales que fungen de interlocutores reclaman la permanencia del artículo 80 del Código Laboral actual que consagra como derecho recibir un pago por despido; pero visto por líderes empresariales como sustituible por un seguro de desempleo.

Alegan que tras crearse el sistema pensionista con administradoras de fondos sustentados principalmente por ellos para beneficio exclusivo de personas a su servicio, sus costos laborales se duplicaron con una notable disminución de utilidades que les ejerce presión contra la creación de más ocupaciones remuneradas.

Puede leer: Urge reforzar frontera ante inminente conflicto entre fuerza de Kenia y pandillas haitianas

Contra las demandas de conquistas sociales que formulan quienes venden su fuerza de trabajo obran también las inflexibilidades que al margen del Código hacen permanecer en la informalidad a numerosas micros, pequeñas y medianas empresas que generan más de dos millones de empleos. Constituyen el 54.4% de la población ocupada y aportan el 38.6% del Producto Interno Bruto. Las han hecho permanecer en un estatus marginal que dificulta su reconocimiento como sujetos del derecho. Barrera a ser removida por una reforma fiscal para que no mantenga más en el hundimiento a una parte del sector laboral.

Una prueba del daño que causan los perfiles obsoletos de legislaciones sobre los trabajadores la aportó el presidente del banco múltiple, Ademi, Andrés Bordas, declarando al Listín Diario que los prestamistas informales son el mayor competidor que tienen en el segmento Micro “por la confianza que generan y la rapidez con la que facilitan efectivo”. El costo por apelar a esta alternativa de financiamiento sin reglas del juego y riesgos de usura es por lo general sumamente alto.

El gran escollo

Uno de los artífices de las normas obrero-patronales vigentes, el exvicepresidente y exministro de Trabajo, Rafael Alburquerque, ha reconocido como la “roca” que detiene pactar acuerdos las contradicciones sobre el destino final de la cesantía. En algún momento explicó la diferencia entre cesantía y seguro de desempleo al que se resisten los sindicalistas enfatizando él sobre las ventajas de pólizas para el trabajador como segunda opción en función de que el empleado sacado de nómina cobraría tanto si es formalmente despedido como si renunciara a su plaza. La cesantía solo se recibe por cancelación y quien la sufraga es el patrón. La póliza para cubrir la pérdida o salida de empleo obligaría a cotizar a las dos partes mientras llega el momento de quedar cesante.

Como para que no faltare protección al trabajador en caso de una eliminación por completo de la cesantía -aunque los empleadores dan señales que se conformarían con limitarla- el Gobierno abogaría por un pacto para la creación del “Instituto de Bienestar de los Trabajadores”, así como para fortalecer al Ministerio de Trabajo aumentando sus capacidades de mediación y así reducir la “sobrejudicialización de los casos”.

El poder retardatario contra una conciliación sobre indemnizaciones por despidos es también implícitamente admitido por el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps García al referirse, casi con pesar, a que las negociaciones dejaron de avanzar al llegar a entendimientos en un 87% del contenido del proyecto reformador. De cara a la prensa restó importancia a lo que falta por tranzar.

Para él lo más importante, y así lo declaró ante el Consejo Económico y Social, CREES, es que la parte gubernamental que procura reformas al Código se propone “mejorar las condiciones de vida de los trabajadores dominicanos, aumentar la productividad de las empresas y reducir las judicializaciones de las relaciones laborales”.

FUEGO CRUZADO

En el empantanado diálogo tripartito, al presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, se le escuchó describir como manzana de la discordia al tema de la cesantía en abierta oposición a que se elimine este tipo de indemnización y en contra también de que se establezcan límites a su pago para achicarla considerablemente como estaría proponiendo la clase patronal.

Pepe entiende que lo que ha estado sobre el tapete es que los representantes del ámbito empleador vienen de haber prometido que no tocarían derechos adquiridos y posteriormente llevaron al debate propuestas de eliminar la cesantía o por lo menos limitarla después de once años de expectativas y negociaciones estancadas casi siempre.

A juicio de la exministra de Trabajo peledeísta Maritza Hernández, miembro del Comité Central de su partido, los empresarios estarían siendo respaldados por el Gobierno a los fines de “despojar” al trabajador de la única indemnización establecida por el Código que le garantiza cierta estabilidad para la supervivencia. “Con un presidente y ministro laboral que son empresarios y los dirigentes del sindicalismo convertidos en empleados dependientes (del oficialismo) a través de pensiones más una mayoría en ambas cámaras legislativas”.

ATAQUE A PENSIONES

Con una Organización Internacional del Trabajo, OIT, sumergida en preocupaciones por el elevado número de accidentes laborales en América Latina y el Caribe y de enfermedades contraídas en el desempeño de oficios, cobra actualidad el tema de la cobertura de protección por afiliación a la Seguridad Social dominicana. En esta misma semana la representación sindical a un panel convocado por el Listín Diario arremetió contra la insuficiencia de pensiones que reciben los asalariados, en particular aquellos llamados de “ingresos” tardíos, que no son tan tardíos en la realidad. En los países desarrollados se permite pasar con dignidad al retiro alrededor de los 60 años de edad.

La OIT considera que además de la prevención para mejorar la salud y la seguridad en operaciones industriales, son necesarias las opciones dignas para los obreros salir de la etapa productiva. Considera importante que estos países en desarrollo cuenten con marcos normativos adecuados con políticas nacionales y programas de salud y seguridad en el trabajo en coordinaciones con diferentes entidades. Esto significa que a la necesidad de modificar el Código de Trabajo se suma inherente una reforma para la Seguridad Social.

MALDITA PARED

A pesar de su peso específico en el sistema productivo dominicano aportando el 20% al Producto Bruto Interno, los trabajadores de micros, pequeñas y medianas empresas sufren las consecuencias que se les deriva de la condición inacabable de informales que afecta a la franja más baja de estas categorías en la que reciben ingresos generalmente insuficientes. Cientos de miles de asalariados, en una condición negativa causada por persistentes estructuras que los condenan al ostracismo.

Una marginación brutal que significa que para colocarse con dignidad en el plano de protección que les brindaría el Código Laboral se necesita que también sea adecuada a los tiempos la ley orgánica o Código Fiscal a ser configurado en un pacto.

Al respecto dijo recientemente el ejecutivo bancarios Andrés Bordas ya citando en este texto, que “ante un escenario en el que se debate el planteamiento de una reforma fiscal, la simplificación del sistema tributario ayudaría a que los dueños de estos negocios se estimulen a formalizarse”.

Consideró que el país tiene oportunidad de fortalecer a las mipymes, pobladas mayormente por empleados que aún encaran limitaciones como la de la informalidad, la poca bancarización o la alta dependencia del efectivo en entornos cada vez más digitalizados. Además de que existe un sector laboral de mucha pobreza sin ingresar al Registro Civil en el colmo de la incapacidad sistémica para incluirlos. Son los indocumentados de “su propia cosecha” para República Dominicana.