Los planes para la implementación de la ley sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, no podrán ser ejecutados en la República Dominicana sin la participación de los gobiernos locales, los ciudadanos, los sectores productivos y sociales.

Así lo plantea Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) en el Foro “Derechos Ciudadanos, Uso de Suelo y Asentamiento Humanos”, desarrollado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Rechaza que con la Ley 368-22, los ayuntamientos pierdan autonomía en los territorio, sino que por el contrario, son quienes tienen potestad para calificar y clasificar suelos agrícolas, mineros, forestales, costero marino, industriales, residuales y mixto.

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Sostuvo que en la clasificación de los suelos, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de determinar lo que es urbano urbanizable y no urbanizable.

“Ese poder, la ley lo transfiere a los gobiernos locales, porque el uso de suelo es una competencia constitucional de los cabildos”, explica el funcionario.

Cuestiona la capacidad de los gobiernos locales para responder al diseño de un plan municipal de ordenamiento territorial, aunque algunos pudieran tenerlas por encima de otros.

Señala que el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) cuenta con las capacidades para formular planes, no obstante no es fácil hacer lo propio en Santo Domingo Este, por la complejidad del territorio.

Matías informó que ya existe la guía oficial para la formulación de planes municipales de ordenamiento territorial, tras afirmar que ordenar el territorio es ordenar el desarrollo, es fortalecer los procesos de participación y por tanto la democracia y la institucionalidad.

Coincidieron con Matías, Guadalupe Valdez, coordinadora del Foro Ciudadano, así como Juan Castillo, director Ejecutivo de la Fundación Solidaridad, quien es especialista en temas de desarrollo local, participación y transferencia.

La exdiputada, Guadalupe Valdez, señala que hay que avanzar sobre el tema de asentamientos humanos, ya que en el país existe un gran desorden en ese sentido. Apuesta a que los asentamientos humanos se hagan respetando la normativa que establezcan los municipios y las autoridades nacionales, que deben ser en lugares donde se garanticen los derechos fundamentales, no en zonas vulnerables.