Julio A. Vargas Jiménez 
La Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana condenó este martes las cancelaciones de profesionales de ese sector en el país, al tiempo que demandó que al menos 800 profesionales del área sean repuestos en sus lugares de trabajo. Además, aseguraron que más de 500 cancelados se encontraban cumpliendo licencia médica y de embarazo.
Adriano Sánchez Roa dijo que las cancelaciones masivas e indiscriminadas, nunca vista en la historia del sector, son un duro golpe a la institucionalidad y atentan contra los logros extraordinarios alcanzados hasta agosto del año 2020.
“Y es que prescindir de técnicos experimentados, especialistas con largos años de servicios, de elevada formación académica y consagrados en sus funciones de conducir el proceso productivo, el procesamiento y la comercialización, representan un elevado riesgo de amplia penetración de plagas y enfermedades”, expresó Sánchez Roa al exponer ante la representación de los medios de comunicación.
Igualmente advirtió sobre la reducción de la calidad y los rendimientos de las cosechas, que están ocasionando una disminución de la producción de alimentos básicos y las exportaciones de origen agropecuario.
“Esos cultivos generan una economía superior a los RD$18,000 millones de pesos por año y generan cientos de miles de empleos directos e indirectos, así como exportaciones superiores a los US$250 millones”, agregó.
Denunció que las cancelaciones incluyen técnicos que prestan sus servicios en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos, lo cual pone en gran riesgo la sanidad agropecuaria del país, debido a que la disminución de la supervisión e inspección que realizan los técnicos facilita la entrada al país de plagas y enfermedades que pueden devastar la agricultura dominicana.
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El exsenador por Elías Piña indicó que las cancelaciones de profesionales agropecuarios por parte del gobierno, amenaza seriamente la sanidad agropecuaria, poniendo en riesgo de desaparición subsectores claves de producción y exportación que representan más de US$630 millones por año.
Destacó que en muchos casos, esos despidos han violado la Ley 41-08, sobre Función Pública, porque las autoridades agropecuarias han cancelado centenas de técnicos agropecuarios que pertenecen a la Carrera Administrativa, sin haber cometido ninguna de las faltas graves que estipula dicha ley.
Igualmente, los derechos adquiridos por los profesionales agropecuarios desvinculados han sido vulnerados, en franca violación a la Ley 41-08, debido a que centenas de técnicos no han recibido el pago correspondiente a sus derechos adquiridos.
