Tal vez sea cierto, como dicen por ahí, que el Gobierno ya tiene armado el muñeco de la reforma fiscal que dice necesitar con urgencia para poder cuadrar sus finanzas, y la mejor prueba sería el documento que habría filtrado durante el fin de semana como una forma de ir tomándole el pulso a las reacciones de la población a los nuevos impuestos que inevitablemente traerá.

Si eso es verdad, las reacciones simplemente fueron las que habría que esperar cuando se habla de nuevos gravámenes en medio de una pandemia; rechazo total, acompañado de algunas advertencias que sus ideólogos no deberían ignorar.

Como por ejemplo la de Pepe Abreu, presidente del CNUS, que ayer recomendó al gobierno no gravar con nuevos impuestos los productos de consumo masivo que están exentos, porque podría provocar grandes convulsiones sociales de las que todos nos arrepentiríamos.

En cambio propuso que en lugar de aumentar los impuestos al consumo el gobierno coloque un Itebis del 10% a las ganancias de las zonas francas, grave los grandes capitales, y recupere los bienes robados al Estado en manos de particulares.

Esa es la receta de Pepe Abreu, obligado a defender los bolsillos de los trabajadores; y como la del veterano sindicalista habrá otras propuestas, desde distintos sectores e intereses, que aspiran a que se les escuche cuando toque sentarse a buscar consenso para esa reforma.

O sea que cada quien irá a ese escenario a defender y proteger los intereses de sus representados o asociados, lo que aprovecho para preguntar quién estará representando los de la clase media, la que a la hora de los impuestos quieren hacerle pagar los platos que ha roto todo el mundo; ¿Quién meterá miedo en su nombre, como hacen los sindicalistas y los empresarios, para que no les tiren encima la carga mas pesada? Y como conozco de antemano la respuesta, solo me queda volver a preguntar, esta vez desde la impotencia mas absoluta: ¿Hasta cuándo?