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El país tiene que hacer un cambio drástico en el financiamiento de los cabildos. Estas entidades que datan de los tiempos coloniales y que son tan necesarias para el desarrollo integral del país no pueden seguir dando penas y sin poder cumplir con las exigencias mínimas que la ley pone a su cargo. Desde el 1966 los ayuntamientos viven arrastrando miseria, el Palacio Nacional se apropió de los fondos que, por diversos conceptos, recibían. Entonces se argumentó que solo en la sede presidencial estaban las personas y funcionarios que podían manejar con integridad dichos fondos. En algún momento se logró, tras duras luchas de políticos sensibles y comunitarios, que las firmas mineras dejaran a los cabildos de las jurisdicciones donde operaban aunque fuera un 5 o un 10% de sus utilidades netas.
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Sin embargo, esa importante conquista fue cercenada por el Palacio Nacional y a los contratos se añadieron cláusulas para que esos fondos fueran entregados al Gobierno Central para que estos los usaran a conveniencia. Después llegó el 10% de los ingresos nacionales, conquista promovida en la gestión gubernamental del señor Hipólito Mejía. Extraordinario logro, una luz esperanzadora que anunciaba un cambio del Palacio Nacional hacia los empobrecidos cabildos, pero la alegría duró poco tiempo. Esta conquista nunca ha sido cumplida por el Poder Ejecutivo. Los ayuntamientos son cada día más pobres, aunque sus territorios sean fuentes de riquezas agropecuarias, turísticas, industriales o de servicios. El flujo de ingresos fiscales corre para las arcas palaciegas y los cabildos reciben migajas que apenas permiten financiar la recogida de la basura de su jurisdicción. Si queremos municipios limpios y bien servidos por sus autoridades locales, el sistema de financiamiento tiene que cambiar drásticamente. ¡No hay peros que valgan!
