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1,048 personas fueron evaluadas para el concurso de aspirantes a jueces y juezas del Poder Judicial
El Poder Judicial evaluó este domingo a 1,048 abogados y abogadas para el concurso de oposición de ingreso al Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas, a fin de cubrir las vacantes disponibles en los tribunales a nivel nacional.
Para esta fase que concluye, se recibieron 1,921 solicitudes, de las cuales 1,102 cumplieron con los requisitos exigidos en las bases aprobadas por el Consejo del Poder Judicial y publicadas el 16 de septiembre del presente año.
Requisitos del Poder Judicial:
Para optar por una vacante en un tribunal se requiere: ser dominicano o dominicana, de nacimiento u origen, o por naturalización, con más de diez años de haberla obtenido; ser licenciado o doctor en Derecho, teniendo por lo menos dos (2) años de haber obtenido el exequátur; que se encuentre en el ejercicio de los derechos civiles y políticos y no haber sido condenado(a) a pena aflictiva o infamante.
De las personas que cumplieron con los requisitos 1,048 participaron en la evaluación, que tuvo lugar en las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Con este concurso se ha estado actuando de acuerdo con los criterios de transparencia y excelencia que se han establecido para garantizar un proceso justo y que permita la escogencia de los perfiles idóneos, en estricto apego a los criterios establecidos en las bases.
Los(as) letrados(as) se sometieron a la aplicación de la prueba denominada PAA (prueba de aptitud académica con estándares internacionales), la cual es ampliamente utilizada para medir los niveles de pensamiento lógico y desarrollo verbal que permitan ingresar a la universidad.
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Superada esta prueba, se dará paso a las evaluaciones psicométricas, que cierran la segunda fase del proceso. Los (as) candidatos (as) que superen dicha fase, se someterán a un proceso de inducción que les permitirá acceder a la fase 3, sobre Comprobación de Conocimientos Jurídicos.
De manera optativa, los candidatos y candidatas que deseen podrán sumar puntos al total acumulado participando en la prueba LSAT (examen internacional orientado a medir las habilidades necesarias para ser admitido en facultades de Derecho), así como midiendo sus niveles de idiomas.
El Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas, en esta edición, ha sido actualizado con el nuevo modelo educativo de la Escuela Nacional de la Judicatura, en el que se toman en consideración los diferentes rasgos del perfil de juez(a) que se espera desarrollar en los(as) egresados(as).
Los y las aspirantes que aprueben el concurso ingresarán al programa, en el cual recibirán formación integral durante 25 meses para el desarrollo de competencias judiciales, destrezas de pensamiento, habilidades de comportamiento y de gestión eficientes, con miras a dar respuestas a los usuarios y usuarias del sistema de Justicia.
Desde el año 2002 a la fecha, han egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura 20 promociones, con lo cual se ha entregado al sistema 516 jueces y juezas. La carrera judicial de la República Dominicana es una de las carreras modelo de Iberoamérica, y se ha venido consolidando desde el año 1998 con la promulgación de la Ley de Carrera Judicial 327-98.
Sobre el Poder Judicial:
El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado que conforman el gobierno de la nación.
Su función, de acuerdo con su página web, consiste en administrar justicia, de manera gratuita, para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley.
El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria otorgada por la Constitución y por la Ley Núm. 46-97, del 18 de febrero de 1997, modificada por la Ley núm. 194-04, del 28 de julio de 2004.
El presupuesto del Poder Judicial, conjuntamente con el Ministerio Público, será de por lo menos un 4.10% de los ingresos internos incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuye de la manera siguiente: un 65% del 4.10 corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un 35% corresponderá al Ministerio Público.
