El Poder Judicial dominicano realizó el “Simposio Trabajo Infantil y sus Peores Formas: Avances y Desafíos Institucionales Para su Erradicación” con el que busca sensibilizar a los diferentes actores involucrados en el quehacer jurídico, político y social, con la finalidad de abordar esta problemática y aportar herramientas para su eliminación.

La actividad que se realizó a través de la Dirección de Justicia Inclusiva del Poder Judicial y en coordinación con la Escuela Nacional de la Judicatura, se enmarca dentro de la conmemoración del 12 de junio, día mundial contra el trabajo infantil.

El simposio incluyó dos paneles, el primero: Avances y desafíos para erradicar el trabajo infantil en República Dominicana y el segundo: Buenas prácticas sobre el trabajo infantil y sus peores formas, en los que participaron las magistradas Kenya Romero, jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional y María Luisa Ramírez Santana, fiscal de Santo Domingo Este; también Mayrenis Corniel García, viceministra de Trabajo, Natalia Asmar, gerente senior Fortalecimiento de la Red de Atención a Víctimas y Sobrevivientes de la Misión Internacional de Justicia (IJM, siglas en inglés) en República Dominicana y Johnny Bidó, gerente de Incidencia y Relacionamiento Externo de World Vision en el país.

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El señor Johnny Bidó, gerente de Incidencia y Relacionamiento Externo de World Vision República Dominicana, quien participó en el panel “Buenas prácticas sobre el trabajo infantil y sus peores formas” informó que 132 menores de edad fueron rescatados del trabajo infantil entre el año 2000 al 2018. Asimismo, expresó que durante la pandemia del Covid-19 el 36% de los adolescentes entre 12 a 15 años estaban trabajando y habían abandonado los estudios.

La magistrada Romero citó entre las peores formas de trabajo infantil la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, reclutamiento para actividades ilícitas o que ponga en peligro su salud. Asimismo, afirmó que las personas menores de edad tienen derecho a vivir en un ambiente libre de violencia.

Entre los desafíos para erradicar esa práctica citó hacer una labor educativa para que el trabajo infantil y sus peores formas no quede invisibilizado, potenciar las políticas existentes con las acciones concretas del sistema de protección y robustecer el radio de acción de las autoridades locales, para hacer más efectiva la dinámica de prevención.

La fiscal María Luisa explicó que en la mayoría de los casos el menor de edad no entiende el maltrato y la explotación que está recibiendo, y abogó por hacer un trabajo más preventivo y así evitar llegar a la parte persecutora, en la que ya el niño, niña o adolescente está resquebrajado. Asimismo, la magistrada exhortó a denunciar los casos de abuso infantil en sus peores formas, argumentando que mientras más información se tiene disminuye la brecha de impunidad.

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Mientras que, la viceministra de Trabajo, Mayrenis Corniel García hizo un recorrido por la normativa laboral y convenios internacionales que prohíben el trabajo infantil, y definió esa práctica como toda actividad que el niño, niña o adolescente realiza impidiéndole la instrucción escolar y el disfrute pleno de derechos.

Entre los avances que exhibió en la eliminación del trabajo infantil están: el informe rendido por el gobierno de los Estados Unidos en el cual da cuenta de que el país ha evidenciado mejorías en ese tema, la certificación de empresas libre de trabajo infantil, la capacitación de 22 técnicos en esa materia, además el ministerio de Trabajo sensibilizó a 172 personas menores de edad y fueron remitidos a actividades educativas, recreativas y culturales, entre otras iniciativas.

Por su lado, Natalia Asmar afirmó que lo más importante son las campañas de sensibilización para dar a conocer sobre el trabajo infantil en sus peores formas y que se entienda que es un delito.

Las palabras de bienvenida al simposio estuvieron a cargo de Rosa Iris Linares, directora de Justicia Inclusiva del PJ, quien informó que desde el rol que desempeñan están llamados a generar espacios de socialización y coordinación, en el marco del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, destinadas a evitar factores de riesgos y aumentar las políticas de protección y garantías de derechos de ese segmento de la población.