Así como se criticó que tantos propietarios de colmados en el Distrito Nacional y las provincias del resto del país se sumaran gustosos, sin poner reparos ni averiguar mucho, a la estafa contra el Estado dominicano a través de la tarjeta de ayuda social Supérate, que literalmente le quitó el pan de la boca a cerca de 95 mil beneficiarios e involucró la suma de 154 millones de pesos, también debe ser motivo de críticas que aparezcan tantas empresas, un total de 22, implicadas en el caso Medusa y la red criminal que desde la Procuraduría General de la República se apropió indebidamente, según la acusación del Ministerio Público, de más de seis mil millones de pesos.

En cualquier tertulia o chercha de colmadón en la que se debata el tema aparecerá alguien que diga, con el convencimiento propio del que sabe de lo que habla o repite una verdad más que sabida, que eso siempre ha sido así; que no hay otra manera de hacer negocios con el Estado que no sea pagando peajes y sobornos. Y los empresarios, cuyo fin último y primero es ganar dinero, se han adaptado a ese ecosistema corrupto, pues al fin y al cabo solo tienen que sobrevaluar lo que le vendan o la obra que le construyan para garantizar que su rentabilidad está asegurada. Y el que venga detrás que arree…

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Claro está, lo que acaba de ocurrir con esas 22 empresas y sus propietarios, entre los que figura gente con una larga trayectoria en su sector y hasta el hijo de un ministro empresario y viceversa, envía un poderoso mensaje; las cosas están cambiando, y a partir del Caso Medusa nuestros empresarios lo pensarán muy bien antes de pagar sobornos a un funcionario público, ya que podría haber consecuencias.

Empezando por el escarnio de verse señalados públicamente como corruptos, para luego terminar sufriendo el lento calvario de un sistema de justicia que parecía solo estar diseñado para los que vinieron a este mundo desnudos de riquezas, con una mano delante y la otra detrás, esos que ahora llaman wawawa.