Las organizaciones sociales que componen la plataforma PolétikaRD valoraron el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader como poco concreto, al no dar detalles precisos de sus propuestas y planes de trabajo a ejecutar en los próximos años.

Según el consorcio, la retórica expuesta por el presidente evidencia su intención de continuar la ruta de los programas asistenciales. “La palabra derecho apenas se menciona dos veces en todo el discurso y no se plantea un diseño de políticas sociales, lo cual implica que se seguirá con la misma intervención fallida de los años anteriores” enunciaron.

El discurso destacó las acciones que se han llevado a cabo en estos siete meses como el seguimiento de los planes de ayuda social para enfrentar la pandemia, el desarrollo y ejecución del plan de vacunación contra el virus COVID-19, la recuperación de la economía nacional y de los empleos en los sectores de zonas francas y turismo. Sin embargo, al hablar de temas como la educación, que representa un 19% del gasto público en el presupuesto del 2021, no especificó un plan concreto para recuperar los años escolares perdidos, especialmente a la población más pobre.

“Habla que el modelo educativo de la gestión pasada no funciona, pero no han presentado un nuevo modelo sino que se han apoyado en entregar equipos electrónicos lo cual ha reducido la educación a una débil virtualidad” expuso el colectivo.

De igual forma, el presidente destacó la inclusión en el SeNaSa (Seguro Nacional de Salud) de 2 millones 200 mil personas pero no hay un aumento en el presupuesto de salud. “Hablamos de un sistema de seguridad social que tiene más de 20 años vejando el derecho a la salud de los ciudadanos/as. Quienes están asegurados/as no tienen seguridad en el acceso a los servicios de salud, por la calidad y condiciones de los mismos” expresó el grupo.

La falta de concreción en el discurso se solidifica en su breve mención de la política de vivienda. “La vivienda se ve desconectada del sistema de protección social. No está considerada como parte de lo necesario para tener una familia en igualdad, fuera de la pobreza y en salud. No la menciona como un derecho” declararon las organizaciones.

En el caso del tema de desigualdades de género, aunque hizo alusión a las medidas que están realizando para la atención a las mujeres víctimas de violencia, no dio datos acerca del anteproyecto de ley orgánica integral para combatir esa forma de violencia. Tampoco se refirió a la educación en igualdad, a la educación integral en sexualidad, atención y sanción de la violencia de género, tan necesarias en contexto de emergencia como el del COVID-19, donde niñas, adolescentes y mujeres están más expuestas a la violencia y a embarazos no deseados.

“El presidente no habló de la despenalización de las 3 causales en el código penal, tema debatido en la actualidad y sobre el cual se expresó a favor anteriormente, ni rindió cuentas sobre la implementación de un gabinete paritario, a lo cual se comprometió en su plan de gobierno” añadió el gremio.

Asimismo, en la temática de niñez y adolescencia no se pronunció con un compromiso real hacia los planes nacionales para la erradicación del matrimonio y embarazo temprano, ni de violencia hacia la niñez. ⠀

En cuanto a la seguridad ciudadana, alarma al colectivo el plan que expresó el presidente para el desarme y la erradicación de las drogas en los barrios. “Su manera de referirse a los barrios recupera el tan transitado camino que muestran a sus habitantes como violentos o drogadictos, cuando la realidad es que es una población víctima del déficit de derechos y de la debida aplicación de políticas públicas.” Agregaron que “su plan de seguridad carece de programas, acciones y oportunidades para los jóvenes que están desplazados, que no tienen empleo y pocas opciones.”

De igual forma, al hablar de transparencia y reforma del Estado afirmó que “somos un país sin impunidad” cuando “hay casos de corrupción de los cuales aún no han sido resueltos ni llevados ante la justicia” manifestaron las sectoriales.

Para las organizaciones, es preocupante como el presidente plantea la elaboración de un marco legal para el agua con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, quienes han potenciado la privatización del agua en otros países. “Es una confirmación de la alianza público-privado que tiene este gobierno, la cual va relegando en todas las políticas al sector social, tal como aconteció en el fallido pacto eléctrico” afirmaron.