La Orden Departamental 33-19 que establecía como prioridad del Ministerio de Educación el diseño e implementación de la política de género ha sido, desde que se firmó hace tres años hasta que fue derogada por la gestión del doctor Ángel Hernández, una simple declaración de intenciones que nunca pudo pasar de ahí. Aunque parecería, a juzgar por el alboroto que ha provocado su eliminación, que sus defensores se conformaban conque siguiera así ya que nunca se les vio reclamando que pasara a los hechos; o tal vez abrigaban la esperanza de que algún día, cuando esta sociedad dejara de ser tan conservadora, pudiera iniciarse su implementación sin tantos aleluyas y aspavientos.

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Hasta la ADP, a la que se le desconocía su preocupación por el tema, se sumó al coro publicando un comunicado criticando la derogación, que calificó como un retroceso de cara a los avances de una educación inclusiva e igualitaria. Probablemente haya sido la crítica del gremio magisterial, que algunos consideramos oportunista y politiquera, lo que provocó que el Ministro finalmente reaccionara en su cuenta de Twitter: “Hace tres años se dispuso por orden departamental que el Minerd definiera una política de género… ¿Se definió dicha política? ¿Qué rol jugaron los que hoy critican? ¿Cuáles fueron los resultados y acciones? No conozco la referida política y menos las ideas y aportes de los defensores”.

Bueno fuera, para ilustración general y enriquecimiento del debate, que los críticos de la derogación desmientan al Ministro dando a conocer sus ideas y aportes en pro de la equidad de género, con lo que además contribuirían a que el ciudadano común pueda comprender mejor de lo que se trata y, sobre todo, porqué es tan importante tanto para sus críticos como para sus defensores. Algo que, por cierto, tampoco tienen claro los que salieron de inmediato a aplaudir una decisión que, a su decir, evitó una nueva agresión a la familia y los sagrados valores sobre los que se sustenta.