Hoy continua el caso de Odebrecht con las lectura, de las prueba del ministerio publico : Wilson Camacho HOY Duany Nuñez 17-5-2021
Conrado Pittaluga presentaría sus pruebas descargo
El juicio contra los seis imputados en el caso Odebrecht debió ser suspendido ayer hasta el jueves 17, debido a la ausencia de una de las tres juezas que integran el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Trascendió que la magistrada Giselle Naranjo se estaría haciendo la prueba de covid 19.
La suspensión de la audiencia le fue notificada a las partes que intervienen el proceso por la presidenta del Tribunal, magistrada Giselle Méndez, quien subió al estrado acompañada de las juezas Tania Yunes y una sustituta.
«Conforme a lo que establece el artículo 308 del Código Procesal Penal, el juicio se conoce con la presencia ininterrumpida de los jueces y las partes, por tanto, se impone una suspensión de este juicio a fin de que la magistrada Gisselle Naranjo pueda integrar el tribunal para la reanudación formal del mismo», dijo la juez presidente.
Pittaluga quedó pendiente. Para ayer estaba prevista la presentación de las pruebas a descargo que haría el imputado Conrado Pittaluga Arzeno, a quien el Ministerio Público le atribuye haber manejado más de RD$100 millones a través de una compañía que supuestamente creó para recibir sobornos del consorcio brasileño.
Además de las pruebas documentales que se propone incorporar con el objetivo de probar su inocencia ante la acusación que se le hace, el abogado, quien firmó contratos legales de asesoría con Odebrecht, presentará cuatro testigos a descargo.
Son ellos José Daniel de Jesús Ariza, Dane Hamilton Q.G ; Nacional Antigua; Heirony Ysaac Castro Milanés, y Feanco Rojas Sánaga.
De los seis encartados solamente faltan por presentar sus pruebas documentales y testigos a descargos Pittaluga Arzeno y Juan Roberto Rodríguez.
Angel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista y Tommy Galán ya agotaron esa parte del proceso en el juicio de fondo que se le sigue al grupo acusado de supuestamente haberse distribuido los US$92 millones de sobornos pagados por Odebrecht en el país, a cambio de que, desde sus diferentes esferas de poder y/o empresas, ejercieron influencia para que se le adjudicara la construcción de 17 obras del Estado.