A pesar del retiro de la reforma fiscal, la calificación crediticia de la República Dominicana no ha bajado. Al contrario, la agencia crediticia Fitch Ratings, en su más reciente informe, ratificó la calificación de riesgo del país en BB-, con una perspectiva positiva.

Además de la fortaleza que exhibe la economía dominicana, hay un factor que ha contribuido a que las calificadoras de riesgo mantengan la nota crediticia: la mejora en la gobernanza.

Así lo expresó la propia Fitch Ratings en su informe, en el que resaltó las mejoras en los indicadores de gobernanza y el potencial para llevar a cabo reformas que refuercen el marco macroinstitucional.

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Particularmente, ha sido muy bien recibida por la firmas calificadoras de riesgo la aprobación y promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual establece una regla fiscal que impone un límite al crecimiento del gasto real del 3 % (7 % en términos nominales) y un anclaje de la deuda en el 40 % del PIB para 2035, medida que procura garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo y fortalecer la confianza en la política económica del país.

Está probado que la buena gobernanza ejerce efectos sobre la inversión, pues tiene una gran influencia sobre las decisiones de los inversionistas, lo que repercute positivamente en la economía.

En el caso de la Ley de Responsabilidad Fiscal, no hay dudas de que mejora las expectativas de los inversionistas sobre el ejercicio fiscal, dando mayores certezas sobre el comportamiento de la economía, tanto en lo que tiene que ver con los precios como con el crecimiento del producto interno bruto.

Obviamente, el país no se debe conformar con mantener la actual calificación de riesgo crediticio. Debe aspirar, y de hecho aspira, a seguir elevando esa calificación hasta alcanzar el grado de inversión.

Para eso debe, además de seguir mejorando la gobernanza, retomar la frustrada reforma fiscal, para convertir en robustas las endebles finanzas públicas.