En pleno siglo 21, aunque parezca una ironía, los dominicanos no tenemos la posibilidad institucional de confirmar los antecedentes en materia de molestadores sexuales. Es decir, los ciudadanos no tenemos una herramienta preventiva en capacidad de orientarnos y prevenir situaciones extremadamente delicadas.

Sin estadísticas certeras y una altísima dosis de fragilidad, resulta fácilmente posible que, en el interés de preservar aspectos constitucionales, terminemos dejando en la desprotección a un amplio espectro de menores que, sin poseer herramientas en materia de molestadores sexuales, abran las compuertas para una cantidad de enfermos en condiciones de afectar a niños, niñas y personas en condiciones de vulnerabilidad. Tenemos escuelas, colegios, clubes deportivos, sin capacidad de fiscalizar a su personal, para evitar que personas con antecedentes de delitos sexuales tengan acceso a los menores, dándole a estos la posibilidad de incurrir en prácticas y excesos que dañan emocionalmente a muchos jóvenes que asisten con la mejor intención a recibir enseñanzas en ámbitos deportivos y académicos y terminan agraviados por la falta de una fuente o herramienta eficiente.

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Pensemos en las clásicas relaciones laborales, los niveles de subordinación, la no existencia de una fuente de información para el acceso al empleo público y privado. Así de desprotegidos están muchos padres que tienden a reaccionar violentamente cuando sus hijos, ya afectados, comunican la situación de haber sido víctimas de un molestador sexual.

Un simple ejercicio de reflexión íntima nos coloca frente al dilema de preguntarnos, qué cantidad de información tenemos de quienes están cerca de nuestros menores. Cómo protegerlos para evitar ponerlos en riesgo. En sociedades con mayor capacidad para prevenir potenciales excesos de molestadores, se colocan dispositivos que informan al titular de un inmueble los antecedentes de sus inquilinos. Es decir, el ciudadano posee suficiente información y sabe de las consecuencias de aproximarse y/o desarrollar lazos de vecindad con una persona de esas características. Técnicamente, podría la Procuraduría General (PGR) allanar los caminos y generar fórmulas de información privada, sin atentar contra los principios de legalidad, para estructurar un banco de datos con antecedentes específicos sobre molestadores sexuales. Herramientas que identifiquen, localicen y permitan dar seguimiento a las personas con esos antecedentes bajo la supervisión adecuada de las autoridades y el cumplimiento de las leyes de privacidad y protección de datos.