Tras unos resultados de votación que colocan en superioridad numérica para altas posiciones jerárquicas a una de las partes (Partido Revolucionario Moderno y sus aliados) procede garantizar, mediante compromisos sin exclusión de suscribientes, ejercicios administrativos y legislativos de Estado que eviten abrumadoras unilateralidades en las tomas de decisiones. Está admitido por el Presidente reelecto que es su obligación gobernar para todos, con directa reprobación del sectarismo; porque esta sociedad no está pintada de un solo color y la legitimidad de los actos de poder necesitan las más de las veces el consentimiento explícito o implícito; pero sobre todo mayoritario de los gobernados, independientemente de la forma en que votaron.
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En los pasados comicios los dominicanos se acogieron con sufragios a varias ofertas del espectro -todas dignas de respeto- y con sus preferencias co-participaron en las urnas en el trazado de un destino inmediato para su República (así, posesivamente) y eso debe extenderse en el tiempo a través de las dirigencias que permanecen en condición de disidentes y que deben, efectivamente, sentirse llamados a servir de la mejor manera posible a la causa de quienes emitieron votos a su favor aceptando la formal invitación a consensuar leyes e influir en la marcha del Estado institucionalmente puesto en manos de quienes fueron sus rivales electorales. Ningún sector político debería quedar al margen de la configuración de un anhelado proyecto nacional.