Héctor Gálvan 
Siete millones de dólares o alrededor de RD$315 millones, equivalentes a un 0.01 de su Producto Interno Bruto (PIB), es lo que invierte la República Dominicana anualmente en las áreas de investigación y desarrollo. Mientras Israel invierte 4.8 por ciento del PIB solo a Investigación y Desarrollo.
El dato lo ofreció hace un tiempo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Ing. Temístocles Montas, durante la presentación del “Diagnóstico Preliminar del Sistema Nacional de Innovación y Competitividad en la República Dominicana”, en el Palacio Nacional.
Recientemente, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología aprobó el financimiento de 78 proyectos a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico cercano a un monto superior a los 700 millones de pesos, unos 15 dólares, para el año 2016.
La innovación y la investigación debe ser una política de Estado. Debe comenzar en incluir recursos en los presupuestos de las instituciones publicas, en cada ministerio, y en especial disponer de un fondo en los ministerios de Educación básica y de Educación Superior.
La investigación y el desarrollo debe iniciar en las aulas de enseñanza básica e intermedia, y seguir en la educación superior. Pero es difícil obtener un desarrollo destinando solo 0.33 % del PIB a la Educación Superior. No se trata de autogloriarse en tener una cultura científica, investigativa e innovadora; no, más que eso, debe ser para desarrollar tecnologías, conocimientos, inventos científicos, que sean patentizados, que puedan agregar valor a la producción nacional y que puedan incluso servir como fuente de incentivo a las exportaciones nacionales, y generar empleos y divisas.
Sería importante saber cuántas empresas privadas disponen de laboratorios de innovación e investigación, que les permitan generar nuevos productos, y renovar sus tecnologías, y ser cada vez más competitivos?
Los legisladores deberían establecer proyectos de ley que consideren que parte de los beneficios y los impuestos de las empresas sean dedicados a los proyectos de investigación y desarrollo. Que se considere seriamente también el tema de la Responsabilidad Social Corporativa, de tal modo que una porción de su rentabilidad contribuya a engrosar fondos sociales y corporativos para la población vulnerable y con necesidades especiales; eso es, aparte de desarrollar nuevas patentes.
En fin, para lograr una reducción de la desigualdad y de la pobreza, como es el interés del presidente Danilo Medina, hay que articular un mayor encadenamiento entre los sectores de producción, que incluya el agrícola, las zonas francas, minería y el turismo. Pero para eso, es necesaria una política de investigación y desarrollo, que permita incorporar valores nacionales a la producción, la diversificación de las exportaciones hacia productos más elaborados y el aumento de la productividad de la pequeña y de la mediana industria, como han sugerido expertos internacionales.
