Hoy 
Planteados ya los porcentajes del aumento a los jornales no sectorizados a que aspiran los sectores empresariales y laborales toca al tripartito Comité Nacional de Salarios compatibilizar las posiciones sin alejarse notablemente de las propuestas pero tampoco de los factores económicos y sociales a tomar en cuenta para emitir una decisión justa sin que pueda descartarse la que ya respaldan con argumentos tanto el presidente Luis Abinader como el Banco Central. Entre el 10% que ofertan los empleadores y el 30% que demandan las dirigencias sindicales solo hay una cifra equidistante y más o menos salomónica:20%. El interés nacional, evidentemente, obliga a ceder terreno a unos y a otros a partir de resultados irrefutables: el notable crecimiento de la economía debe proseguir y es inadmisible que continúe sin redundar hasta ahora en la redistribución de ingresos con que correspondería favoreces a estratos sociales inferiores sometidos a unos niveles de ingresos colocados en montos generalmente inferiores al costo de la vida, sobre todo en las categorías o quintiles ocupacionales más bajos en la escala. Así admitido más de una vez en los últimos años por la suprema autoridad financiera en un marco de porcentajes de beneficios para el sector privado suficiente para una notable expansión de actividades industriales y comerciales.
Puede leer: Más regulaciones para las cooperativas
Esto último, certificado por el Presidente de la República, está respaldado por estudios efectuados por los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y el de Hacienda. El primer mandatario ha sostenido que la situación de la economía soportaría un aumento salarial de un 20%. Y desde la visión del gobernador del BC, Héctor Valdez Albizu, tal incremento contribuiría positivamente a acelerar la marcha de la economía porque los sectores productivos del país se han desarrollado satisfactoriamente y el alza salarial del nivel mínimo es claramente necesitado por sectores nacionales. Aprobó que el Estado busque la manera de ayudar a los dominicanos más vulnerables. La evaluación suscrita por expertos al comportamiento de los sistemas que generan bienes y servicios no parecen dejar dudas sobre las métricas que justificarían el 20%.
