Los incentivos tienen sus riesgos y hay que evitarlos o aminorarlos. Pueden ser una carga para las finanzas del Gobierno y provocar un desequilibrio en el mercado

Por: Mario Méndez

Los números, cuando son manejados con el debido respeto profesional, hablan claro y debemos dejarnos convencer por ellos, a menos que la discalculia se lo impida al receptor del mensaje.

Esto es particularmente válido cuando evaluamos el resultado de los incentivos, que deben ser sometidos a medición tanto en lo que tiene que ver con el impacto en el crecimiento de la actividad que se busca promover como en los riesgos de su aplicación.

El costo de la energía solar distribuida por las redes, fruto de los incentivos a los paneles solares que se aplican en la República Dominicana, no escapa a esta realidad.

Es de rigor que la regulación de la energía distribuida, que tiene un costo para las distribuidoras, sea monitorizado y se pueda mantener un punto de equilibrio entre la sostenibilidad ambiental que se busca obtener con los incentivos a esta fuente de energía renovable y la sostenibilidad financiera del sector eléctrico. Lo que pudo ser válido en principio, cuando el costo de la inversión en paneles era inalcanzable, podría no ser hoy, cuando ese costo ha caído al piso.

Eso obliga a abordar con profesionalidad tanto los resultados del informe “Paneles Solares en los Sistemas Eléctricos: Estudio sobre la Generación Distribuida y su Impacto en las Finanzas Públicas”, elaborado por la firma Ecomod Business, como el anuncio hecho por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, de que están en curso consultas convocadas por la Superintendencia de Electricidad para introducir cambios en la regulación distribuida para asegurar una distribución más equitativa de los costos del sector y así evitar un impacto negativo en las finanzas de las distribuidoras de electricidad y de los usuarios del sistema.

Los paneles solares estarían generando pérdidas a las empresas distribuidoras de unos US$90 millones al año, según el referido estudio, que destaca, además, que la renuncia fiscal producto de los incentivos otorgados durante casi una década se ha estimado en 250 millones de dólares.

Si hay otros estudios que indiquen lo contrario, es oportuno que se den a conocer, y si no los hay, que hagan y se presenten los resultados. De lo que se trata no es de que se caiga en posiciones extremas o en verdades absolutas: ni eliminar los incentivos es de sabio ni razonable es cerrarnos en banda en contra de modificaciones que sean pertinente hacer en la reglamentación para que la promoción de esta energía renovable no haga que zozobre la sostenibilidad financiera del sector eléctrico.

Entre los incentivos fiscales más exitosos en el mundo están los orientados a promover la energía renovable. La experiencia dominicana lo confirma, pues ya esta fuente de generación se acerca al 20 por ciento del total. Pero los incentivos, que se deben mantener tienen sus riesgos.

Están tanto el riesgo fiscal, el que constituyan una carga muy gravosa para las finanzas del Gobierno, como el riesgo de que provoquen altos niveles de desequilibrio en el mercado.

Que los números hablen y eviten que nos cerremos en banda en el abordaje de los incentivos a los paneles solares.