A ningún gobierno le gusta que sus críticos le estrujen en la cara un te lo dije, pero la forma en que se ha manejado el escándalo alrededor del contrato con la empresa Transcore Latam, que a esta hora nadie ha sabido explicar porqué continuaba operando la red semafórica a pesar de haber sido suspendido por Contrataciones Públicas, ha abierto muchas puertas y conjeturas, dando oportunidad a que el principal líder de la oposición, el expresidente Leonel Fernández, utilizara el tema para retomar su encuentro semanal con la prensa.

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Ha sido apoyado en ese hermetismo, en la ausencia de informaciones oportunas y creíbles sobre la forma en que operaba esa empresa, que el líder de La Fuerza del Pueblo se ha permitido servirse con la cuchara grande al denunciar que al amparo de ese contrato operaba un esquema de espionaje y corrupción que debe ser investigado a fondo por tratarse de un asunto de seguridad nacional. Según el presidente y líder de la Fuerza del Pueblo los equipos instalados por la empresa Transcore Latam podrían estar realizando espionaje masivo, lo que a su juicio representa “una amenaza para la privacidad de los ciudadanos al utilizarse eso para identificar la ubicación de las personas a través de los dispositivos móviles”.

La respuesta que recibió de parte del director del Intrant, el ingeniero Milton Morrison, no llenó su cometido, pues lo que hizo el funcionario fue salirse por la tangente, eludiendo responder de manera directa la cuestión central; lo que han criticado organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), y no solo el expresidente Fernández, que acaba de subirse a la guagua para sacarle capital político a la situación. ¿Por qué razón fue necesario suspender ese contrato dos veces, y encima de eso militarizar intersecciones clave del Distrito Nacional para evitar que continuara operando los semáforos? Dejo esa pregunta en el aire, pero me temo que ahí se quedará.