En nombre de la seguridad nacional, como nos han enseñado las dictaduras, las de antes y las que ahora se disfrazan con ropaje democrático, se han cometido muchas atrocidades, pero como el ser humano es el único animal sobre la Tierra que tropieza dos veces con la misma piedra seguimos aceptando como buena y valida esa coartada de los que nos gobiernan a pesar de la amenaza implícita que siempre la acompaña.

Por eso es legítima la preocupación de los sectores de la vida nacional, con la Sociedad Dominicana de Diarios a la cabeza, por los alcances de la ley que regula la Dirección General de Inteligencia (DNI), que tiene todo el potencial, debido a sus ambigüedades y los márgenes que algunos de sus artículos dejan a la interpretación, para cercenar derechos fundamentales y coartar libertades duramente conquistadas,
Ayer el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, le salió al frente a las críticas argumentando que la ley cuenta con las limitaciones legales para que la obligación de entregar información a esa entidad se cumpla con el respeto a los derechos fundamentales.

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Suena bonito, suena bien y debe verse mucho mejor al ponerlo sobre papel, que como ya sabemos lo aguanta todo, pero en un país donde la Policía Nacional todavía secuestra familiares de los prófugos (antes eran izquierdistas “enemigos del gobierno” y ahora narcotraficantes y sicarios) para que se entreguen y el Estado es reincidente en violar su propia legalidad, ¿quién le garantiza al ciudadano sin pedigrí social ni resguardo político que no se convertirá en rehén de la seguridad nacional y sus celosos guardianes?

Pero a lo mejor tiene razón Antoliano, y las reacciones de alarma y preocupación que ha generado esa ley son tan solo aspavientos y temores infundados. Ojalá que así sea. Yo solo quiero agregar, antes de irme, que cuando se trata de defender libertades que han costado tanta sangre, sudor y lágrimas cualquier exceso se justifica y entiende.