Hoy 
Cazar fugitivos a tiros limpios aplicando sumariamente la pena de muerte es una actuación sin restricciones de la Policía que amedrenta a una parte de la sociedad que ve en las licencias para halar gatillos sin ponderaciones un riesgo para gente desvinculada del crimen expuesta a la confusión de acciones directas que tienden a generalizarse como indican los conteos de víctimas. La criminalidad preocupa al 66.4% de los dominicanos que respondieron a una encuesta reciente; pero más de la mitad de los consultados dijo sentir que su integridad física corre peligro en lugares públicos, una sensación extrema abonada, evidentemente y entre otras causas, por las persecuciones mortales a las que casi instantáneamente se aplica el sello gomígrafo del «intercambio de disparos» que hace añales que perdió credibilidad. Un encasillamiento que corre exclusivamente por cuenta de la Policía y que ninguna autoridad competente en materia de protección a la ciudadanía certifica como bueno y válido en cada caso, como corresponde según el ordenamiento jurídico.
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En ese ordenamiento, la Policía es un cuerpo auxiliar de la Justicia, bajo instrucciones directas de orden jerárquico del Ministerio Público que al no revisar con lupa los derramamientos de sangre controversiales pasa, por omisión, a tener alguna responsabilidad en ellos.
Una inercia inmemorial solidificada por la indiferencia o docilidad del Poder Civil, aun de aquel precedido de promesas de cambio (?).
