La ruptura entre los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas parece insalvable, y quedó evidenciada una vez más en el Informe sobre el Análisis y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y Rendición de Cuentas del Estado depositado en el Congreso Nacional, el cual contó sólo con el voto favorable de la vicepresidenta y la secretaria del bufete directivo; y el de la tercera miembro titular del órgano auditor.

El presidente Janel Andrés Ramírez, y el cuatro miembro titular Mario Fernández Burgos, emitieron sendos votos disidentes en desacuerdo por el uso de la misma metodología de administraciones anteriores que “evidencia gravísimas falencias” y debilidades contenidas en el informe.

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Método impide ver

En su voto disidente el presidente del Pleno resalta que una de las inobservancias más importantes en la historia de la CC “y que constituye casi una regla de juego”, es que el 74% de los trabajos a realizar y los que se han ejecutado corresponden a auditorías financieras, las cuales dijo “ son la mejor forma de NO identificar las verdaderas acciones que lesionan los fondos públicos y recursos del Estado”.

Indicó que de la lectura combinada de los numerales 1 y 3 del artículo 250 de la Constitución, la ejecución presupuestaria debe hacerse en base al Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR), que tiene como uno de sus componentes la gestión/estado financiero, lo que a su vez remite a la facultad de examen a las cuentas generales y particulares en su atribución de fiscalización de los resultados de la gestión financiera.

Afirmó que con la metodología que fue hecho el informe depositado en el Congreso “se quita peso en las actuaciones que más ayudan a identificar acciones lesivas contra el erario y que por su naturaleza y alcance pudieran generar como consecuencia la recuperación de fondos mal gestionados o distraídos, esto es, auditorías de gestión, auditorías e investigaciones especiales”,

Agregó que de ahí el interés de que la evaluación de la gestión financiera pudiese enfocarse mejor en la planificación correcta del informe que se remite a las Cámaras Legislativas, resultante de la auditoría a la ejecución presupuestaria, de conformidad al ERIR, “sin cargar la planificación anual con enfoque prácticamente de auditorías financieras”.

Votó en contra del plan

Refirió que el Plan anual de auditorías para el 2023 aprobado por el Pleno de la CC en febrero pasado, y que él votó en desacuerdo porque el mismo “retoma la lógica de que la mayoría de las auditorías planificadas son financieras, bajo el argumento de cumplir con buenas prácticas como el PEFA, dejando de lado la atribución fundamental y rol constitucional del órgano que resulta ser de fiscalización”.

El gasto público y responsabilidad financiera (PEFA) es una herramienta que permite un análisis exhaustivo, coherente y basado en la evidencia de desempeño de la Gestión de Finanzas Públicas (GFP) en un tiempo específico en el tiempo.

No le hacen caso

El presidente de la CC refirió que en reiteradas ocasiones ha planteado que el informe al Congreso del año 2023 se inicie desde ya con un equipo robusto que que audite mes por mes, sin lograr entendimiento del criterio mayoritario del Pleno.

Dijo que todo lo que ha planteado en mejora del estado actual de las cosas no ha tenido cabida en el criterio mayoritario del pleno “aún tratándose de iniciativas de quien la ley le atribuye responsabilidad de conducir el proceso de estrategias y planificación institucional, así como garantizar la calidad de los informes y otros resultados de las actividades de control y auditorías de la Cámara de Cuentas, en su calidad de máxima autoridad ejecutiva”, lo cual ve con preocupación.

Informe Superfluo

Los argumentos del miembro titular Mario Fernández Burgos es similar al del presidente de la CC en cuanto al Plan de Auditoría que también voto disidente.

Deploró que no obstante las constantes alertas que hizo, una vez más la CC presentó al Congreso “un informe superfluo” que se limitó a los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda y a su dependencia la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG).

“No auditó ni evaluó el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria de los recursos consignados a favor de las instituciones descentralizadas, autónomas no financieras; instituciones públicas de la Seguridad Social; empresas públicas no financieras, ni municipales”, subrayó.

Riesgo por omisión

Afirmó que el incumplimiento del primer pilar del contenido del FEPA relativo a la confiabilidad del presupuesto, y al desempeño de sus tres indicadores, evidencia un riesgo que no sólo afecta a la CC y su rol fiscalizador, sino también iniciativas y programas de políticas públicas.

Esto así, dice Fernández Burgos en su voto disidente, “porque emitimos una información con alta sensibilidad de incongruencia en la verificación de variación en las iniciativas de políticas u otras de gasto adoptadas con posterioridad a la aprobación del presupuesto o fuera del proceso presupuestario anual, la reasignación significativa de recursos entre ministerios y programas, estimación de ingresos excesivamente optimistas o pocos confiables”.

Debilidades en el informe

Entre las debilidades detectadas en el informe entregado por la CC en el Congreso citó: falta de evidencia suficiente y adecuada por fallas técnicas del equipo auditor. Respecto a los activos, dice que los únicos procedimientos realizados fueron la comparación de los saldos en la contabilidad con los auxiliares; en cuanto a los pasivos, afirma no existe evidencia de las confirmaciones de documentos por pagar.