Anbareli Espinoza 
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, advirtió ayer que ese organismo no está en disposición de pagar los casi 14 millones de dólares que se le adeudan a la empresa Indra Sistemas hasta tanto concluyan las auditorías que sobre el particular realiza la Cámara de Cuentas.
Además destacó que, si el caso es llevado a la justicia, la instancia que deberá conocerlo es el Tribunal Superior Administrativo, y no un tribunal internacional.
La empresa española Indra Sistemas vendió a la JCE, por un monto de US$39.7 millones, los equipos que se utilizaron en las elecciones del 16 de mayo para el conteo de los votos y la verificación de los datos electores en el nivel presidencial.
Castaños Guzmán reiteró que tanto el informe técnico del organismo como el que rindieron las entidades de observación internacional expresan que el desempeño de esos equipos no fue el deseado y por lo tanto la Junta Central Electoral tiene una insatisfacción.
Durante una rueda de prensa Castaños Guzmán explicó que, luego de pagar más de 20 millones de dólares por los equipos, hay un requerimiento de pago que llegó a la junta el 2 de este mes por casi 14 millones de dólares, los cuales no se tienen.
“Esta institución no está en disposición de hacer el pago correspondiente hasta tanto no se aclare, y estamos a la espera del informe final de la Cámara de Cuentas, informe que todavía hasta donde tenemos entendido no tiene una fecha en particular para entregarse”.
Prescripción contrato. Aclaró que la JCE se reserva el cumplimiento del plazo de prescripción legal del contrato.
“Como este contrato cumplirá de firmado dos años el 5 de diciembre del 2017, nosotros queremos que quede bien claro que, como el artículo del Código Civil que tiene que ver con prescripción de la responsabilidad contractual, dispone que son dos años, la junta hará y hace por intermedio mío las formales reservas correspondientes a que ese plazo de prescripción legal de la responsabilidad contractual queda formalmente interrumpido”, refirió.
Destacó que una vez llegue el informe de la Cámara de Cuentas, la JCE agotará todas las vías amigables que corresponden a una buena y adecuada conversación entre personas civilizadas y respetando los derechos del co-cotrantante Indra Sistemas, pero también en la defensa de los derechos de la junta.
Arbitraje. “Es bueno que esté claro, aquí no hay arbitraje a la vista, los arbitrajes siempre son las consecuencias de una cláusula arbitral en el contrato que no existe y de la voluntad de las partes que tampoco existe, lo que sí está claro que el contrato firmado el 5 de diciembre del 2015 habla claramente que la jurisdicción que eligieren las partes es aquí en la República Dominicana, Tribunal Superior Administrativo, ante la eventualidad de que este asunto, este diferendo tenga un desenlace judicial, lo cual todavía sería precipitado e inoportuno”, expresó Castaños Guzmán.
