El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, manifestó hoy que el órgano electoral que preside establecerá la paridad en República Dominicana.

El artículo 39 numeral 5 de la Constitución establece que: “El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los órganos de control del Estado”.

Destacó que una cosa es participar, es decir, lograr estar en una boleta electoral y otra muy distinta competir en una campaña de recursos económicos más que de propuestas.

Llamó a que es necesario luchar contra los mitos sociales, el machismo y vencer toda una cultura política para obtener un cargo electivo.

“En síntesis, otra cosa es que una mujer logre ganar y ocupe real y efectivamente una posición de titularidad… ¡He ahí el detalle!”, reflexionó el presidente de la Junta.

Sobre las cuotas de género. Recordó que las cuotas de género en la participación política se refieren a medidas para la inclusión de un sexo subrepresentado en el sistema político y que se han desarrollado dos fórmulas: cuota mínima (33 %) de participación de la mujer y cuota máxima de cualquiera de los sexos. La que rige en la actualidad es la de 60-40.  

“En las elecciones pasadas: o quedamos iguales o redujimos y en el menor de los casos aumentamos”, manifestó.

La discriminación en la mujer. Román Jáquez expresó que la discriminación que se ejerce y que vive la mujer está enraizada en mitos y formas culturales del ser humano por costumbre.

“La mujer está estigmatizada como la que debe hacer determinados oficios, ya etiquetados en ella, así se comporta en esencia una sociedad machista, sus usos y sus costumbres ordenan actuar así y así lo hace la mayoría social”, dijo.

“Sostengo que para cambiar esa indebida actuación integrada en la educación de cada uno de nosotros y en el currículo educativo que nos impone el sistema, hay que exigir el cumplimiento de la función esencial del Estado, que es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de manera igualitaria”, sugirió.

Dijo que son precisamente esas costumbres las que han frenado a muchas mujeres en la participación política.

Llamó a entender que el uso o la costumbre no están por encima de los derechos humanos ni de los derechos fundamentales, y que “el hecho de que nos hayan enseñado a actuar de una determinada forma no significa que sea la correcta, aun sea una costumbre ancestral y nos cueste variar ese comportamiento humano”.

“¡La lucha no es fácil! Hay que romper todas esas barreras, prejuicios, creencias, mitos que involucran lo social, el acoso político, el acoso sexual, las dificultades económicas, las consideraciones patriarcales de la familia, el machismo evidente o sutil de su pareja, sus propias funciones de ser madre, a veces vistas como función única, exclusiva y excluyente de todo el que le rodea, y desde luego, aquellos sermones religiosos del deber ser esposa”.

Dijo que se debe entender que la violencia contra la mujer debe ser asumida como un asunto de educación, una problemática de salud pública y una cuestión de justicia que impacta negativamente en el entorno global y que constituye una actitud primitiva y androcéntrica que de ninguna forma debe ser tolerada en el marco de una justicia civilizada.

Estas reflexiones las compartió el presidente de la JCE, durante el acto de firma del acuerdo del “Proyecto de fortalecimiento del liderazgo y la participación político electoral de mujeres a nivel local en la República Dominicana”.