El señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona ordenó al ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, realizar una investigación, alarmado por una llamada telefónica hecha desde un recinto carcelario a un programa de radio por el nombrado Fausto Miguel Cruz de la Mota, condenado a 30 años por el asesinato del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. En dicha llamada el recluso denunció el maltrato, el descuido de su salud y el peligro que corre su vida.

Parece ser que el Presidente desconocía, lo que es un secreto a voces, que en nuestros recintos carcelarios lamentablemente muchos de los reclusos gozan y disfrutan de grandes privilegios, muchas veces mayor que en su vida normal: una habitación tipo suite, con aíre acondicionado, nevera, televisor con parábola; permisos para salir y recibir visitas no autorizadas; modernos teléfonos celulares, chips, computadores, pero sobre todo, de señales de wifi e Internet, en contubernio con las personas responsables de mantener el control y el orden en dichos recintos.

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Según la Constitución de la República, los ciudadanos que delinquen, violan las leyes o cometen actos reñidos contra la ley, la moral, el pudor y las buenas costumbres, que son condenados por la Justicia dominicana, pierden sus derechos constitucionales, civiles y políticos, no deben disfrutar de ciertos privilegios en los recintos carcelarios. Desgraciadamente en esta gestión gubernamental se ha avanzado muy poco sobre este tema, a pesar de contar con la viceministra de Seguridad Preventiva en los Gobiernos Provinciales, la ex diputada, ingeniera Angela Jáquez Rodríguez, que es una experta en esta materia.

En nuestro país se han hecho grandes inversiones en el “nuevo sistema carcelario”, pero el Ministerio Público ni la Dirección General de Prisiones han tomado la firme decisión de bloquear las señales telefónicas, pues los reclusos reciben y realizan todo tipo de llamadas, locales, nacionales e internacionales, a pesar de que en el año 2014 la Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas un proyecto de ley para el bloqueo de las mismas.

Desde hace muchos años se viene denunciando la libertad con que poderosas bandas de criminales, expertos en tecnología de la información, operan desde nuestras cárceles modernos sistemas de informática, planificando, programando y llevando a cabo labores de sicariato, crímenes, secuestros, jaqueo de cuentas bancarias, operaciones de lavado de activos, entre otras.