El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina planteó ayer la necesidad de fortalecer las gestiones en procura de “un justo tratamiento” y agilización de la puesta en libertad de las personas que hayan cumplido condena, o que el plazo de la prisión preventiva haya vencido.

Asimismo, dijo que es preciso apelar al principio de razonabilidad “para evitar condenas anticipadas en perjuicio del principio de inocencia” en las solicitudes de revisión de garantía económica y en casos en que la prisión preventiva se imponga de manera desproporcionada con relación a la pena.

El también presidente del Poder Judicial (PJ) habló en esos términos en un acto en ocasión del Día del Defensor Público, cuya labor como guardianes del debido proceso y el cumplimiento de la Constitución y las leyes, destacó.

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Dijo que la justicia penal tiene el reto de afrontar la carga judicial mediante vías alternas de resolución, acordando la sanción sin llegar a juicio.

Agregó que estas juegan un papel preponderante en la atención eficiente de los casos para lograr una justicia al día, porque reducen los tiempo impidiendo que la incertidumbre convierta el proceso en justicia denegada.

“Tenemos la misión de que el 90% de los conflictos se resuelvan acordando la sanción sin necesidad de llegar a juicio”, enfatizó el magistrado Molina Peña.

Premio y exhortación

Durante el acto, donde se hizo entrega de los premios Fray Antón de Montesinos, el presidente del Poder Judicial exhortó a los defensores públicos a continuar trabajando en defensa de la justicia “ con disposición y entrega a la construcción de un derecho democrático y abonando con ello a una justicia oportuna”, puntualizó.