El presidente Luis Abinader promulgó ayer la Ley 361-22 que establece que en lo adelante el robo sin violencia y sin armas sea perseguido de oficio por el Ministerio Público, sin necesidad de que exista una denuncia o querella de los afectados.

La pieza modifica el artículo 31 del Código Procesal Penal, que establecía que esos delitos solo podían ser perseguidos por el MP si existía un sometimiento de una instancia por parte de las víctimas.

“Con esta modificación, el indicado delito deja de ser un hecho punible de acción pública a instancia privada y pasa a ser simplemente de acción pública”, indica la ley promulgada la cual modifica el artículo 31 de la Ley 76-02 del 19 de julio de 2002, que crea el Código Procesal Penal de República Dominicana.

La información sobre la disposición fue publicada ayer en la página de la Presidencia de la República y coincide con la publicación en las últimas semanas en las redes sociales de diversos videos y fotos sobre robos y acciones delictivas.

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Indica que esa medida responde a los datos estadísticos que dan cuenta que las denuncias de los robos sin violencia y sin armas en espacios públicos, negocios y hogares, son una de las conductas más recurrentes y perturbadoras de la paz social.

Señala que “la conversión del robo sin violencia y sin armas en un delito perseguible por iniciativa propia del MP viene a robustecer el compromiso del presidente Abinader en la puesta en ejecución de una política estatal contra la criminalidad.

Añade que la medida se enfoca en la prevención y en dotar al órgano del sistema de justicia, “no solo de verdadera autonomía e independencia, sino de herramientas jurídicas efectivas que, en el marco del respeto a los derechos humanos y al debido proceso, le permitan cumplir con su rol constitucional de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad”.

Además de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

La disposición que entrará en vigencia desde su publicación en la Gaceta Oficial, “viene a robustecer los planes y políticas de la actual administración en favor de la prevención de la delincuencia y lucha contra la impunida”.