Está claro que para una parte importante de la burocracia de las Naciones Unidas, la República Dominicana es una especie de verdugo de Haití. Esta visión se desprende de las frecuentes declaraciones que hacen algunas de sus figuras principales sobre la relación entre ambas naciones y sobre el trato que, en su opinión, reciben los ciudadanos haitianos de parte de los dominicanos.

Mala suerte, diría un dominicano.

La presencia de ciudadanos haitianos en nuestros municipios es visible. Haitianos que generalmente están trabajando en nuestros campos y en nuestras ciudades, como lo han hecho desde hace más de un siglo. Vienen, de manera documentada o indocumentada, trabajan en los centrales azucareros, en las fincas de arroz, en los campos de bananos, en la industria de la construcción, en el transporte público, en la recogida de café, en casas de familias, en los polos turísticos, etcétera.

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Otros van por miles a nuestras universidades a formarse para regresar a su país, algunos los encontramos estudiando en seminarios católicos y protestantes, etcétera.

Pero la burocracia de las Naciones Unidas mira para otro lado para no darse cuenta de este hecho que se traduce en bienestar para los haitianos que están aquí y para los que quedan en su tierra.

Las agencias de las Naciones Unidas nunca se quejan porque miles de haitianos indocumentados ingresan al país. Esa queja está reservada para el momento cuando el país ejerce el derecho soberano de devolver a su nación a esos indocumentados. Para ellas, los violadores de derechos y de normas no son los que ingresan sin autorización a nuestro suelo, sino la autoridad dominicana que los repatria por violar leyes migratorias.

Los dominicanos no podemos negar que nos beneficiamos del trabajo de los haitianos, pero estos también sacan provecho del mismo. Es un juego en el que uno y otro ganamos.

Nuestras autoridades han dicho que cooperarán hasta donde sea posible para que la nación vecina recupere su normalidad, pero sin comprometer la seguridad del país y sin afectar la soberanía. Este es un principio claro que todos los dominicanos defenderemos.

El país deberá ser cauto en las deportaciones en un momento particularmente desgraciado para Haití, pero sin renunciar a ese derecho.

Pretender que los haitianos corran para nuestro país por el peligro de las bandas armadas, es inaceptable. Como también es inaceptable que nuestro territorio sea convertido en un campo de refugiados.