Tania Hidalgo 
Director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, entregó el proyecto de ley.
Planteada una plena integración institucional del sistema educativo, el documento contempla asignación del 4.10 % del PIB a los órganos rectores del sector
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto (Digepres), depositó ante el Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado 2025, que contempla gastos por RD$1,484,234.6 millones.
Se trata del primer presupuesto en virtud de la ley número 35-24 de Responsabilidad Fiscal en las Instituciones Estatales y marca el inicio de la propuesta de reestructuración y racionalización de la Administración pública, anunciada recientemente por el presidente Luis Abinader.
En términos de ingresos, el Gobierno estima que estos asciendan a RD$1,241,364.7 millones, representando el 15.3 % del producto interno bruto (PIB).
En lo concerniente al gasto, cuyo monto equivale al 18.3 % del PIB estimado, el presupuesto tiene como objetivo primordial asegurar el desarrollo inclusivo y sostenible del país, dando prioridad a salud, educación, empleo, asistencia social, transporte y seguridad.
Educación
Planteada una plena integración institucional del sistema educativo, el documento contempla una asignación de recursos del 4.10 % del PIB a los órganos rectores del sector, medida que facilitará la implementación de políticas educativas integrales, eliminando la fragmentación que actualmente dificulta la coordinación entre los diversos niveles de enseñanza.
“Estamos eficientizando el uso de los recursos, reduciendo el gasto corriente derivado de la duplicidad de funciones y garantizando una inversión adecuada en capital para proporcionar entornos educativos de calidad”, precisa el Ejecutivo en su carta de remisión.
Asimismo, incluye el reforzamiento de los servicios económicos con el impulso de proyectos de desarrollo turístico en puntos geográficos estratégicos, provee los recursos para continuar la construcción de un sistema integrado de transporte en Santiago y Santo Domingo y reafirma el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana, destinando los recursos necesarios para acentuar la reforma policial.
“La política de gasto de 2025 prioriza la inclusión social y la calidad de vida de las familias dominicanas, protegiendo su capacidad de consumo y sus medios de vida. En protección social, se mantendrá el alcance de millón y medio de familias vulnerables beneficiarias del programa Supérate, reduciendo la desigualdad social y la pobreza multidimensional”, establece.
El proyecto de Presupuesto plantea un déficit fiscal de RD$242,869.9 millones, equivalente a un 3.0 % del PIB, lo que supone el sostenimiento de la reducción del déficit público.
El resultado fiscal proyectado y las aplicaciones financieras previstas suponen fuentes financieras que ascienden a RD$350,990.4 millones, equivalentes a un 4.3 % del PIB, inferior a lo observado en años previos.
La entrega del proyecto de ley estuvo a cargo del director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, a través de la secretaría general legislativa de la Cámara de Diputados para conocimiento, discusión y aprobación de los legisladores, tal como establece la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público Número 423-06.
Digitalización
De acuerdo a un comunicado de prensa de la Digepres, iniciada la actual gestión, la entrega del proyecto de ley ha experimentado cambios significativos como parte del compromiso institucional y de responsabilidad social, en términos de medio ambiente y sostenibilidad.
En el año 2020 se hizo la primera entrega completamente digital del Presupuesto General del Estado. En 2022, la Digepres puso en marcha la iniciativa “Presupuesto Sostenible” como parte de los esfuerzos por reducir las copias físicas y hacer un presupuesto más ecológico.
Además, se ha implementado el uso de memorias USB y códigos QR, reduciendo aún más el uso de papel y de recursos. En 2024 se han incorporado nuevas herramientas recursos digitales que facilitan el acceso a los documentos presupuestarios y que impulsan las mejores prácticas de transparencia y participación pública en el presupuesto.
