Comienza julio, el séptimo mes del año, con su significado a cuestas. Existen decenas de leyendas para explicar su importancia. Referencias bíblicas, cábala y la realidad de siete mares, siete pecados capitales, siete notas musicales, siete maravillas del mundo, las setenta siete veces del perdón. Y para los investigadores de las propiedades del número es insoslayable incluir a los Hermanos Grimm con los siete enanos protectores de Blancanieves. Comienza julio dejando atrás una ristra de inconsecuencias institucionales que presagian tiempos diferentes para no decir nublados por respeto a Octavio Paz y para no aludir la temible temporada ciclónica.

El primer poder del estado con prisa de maratonista decidió revisar el inventario de asuntos pendientes para complacer al mandatario, también para amenizar despedidas deslucidas o claudicantes. Entre “la ayuda de Dios” que solicita el presidente del Senado, para que el Código Penal figure entre las conquistas del primer periodo de gobierno Abinaderista y la certeza de su aprobación, manifestada por otros senadores, un adefesio con tinta de distintos amanuenses satisfará al populismo penal. Zarandeado durante décadas para evitar despenalizar el aborto, las tipificaciones consignadas en el texto son propias de la disquisición de esquina. Es la demanda de tertulia que celebra el exterminio de los “antisociales” y aplaude encierros interminables en centros penitenciarios inexistentes.

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En el año 2014, cuando se aprobó en primera lectura el conjunto de tipificaciones propias de diletantes, una exigua comunidad jurídica, alejada de las candilejas y del oportunismo, manifestó su asombro. Entonces, en el Senado, solo Julio César Valentín votó en contra. Su experiencia como servidor del poder judicial y del ministerio público, impedía avalar disparates conceptuales, celebrados como conquistas.

En el Congreso urge concluir proyectos, pero no evitar frecuentes desaciertos. La nación asume como normal que después de promulgada la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia desde Palacio inviten a discutirla para ponderar la inconstitucionalidad de algunos artículos. Está cuestionada pero vigente. La algarabía provocada en el oficialismo por la promulgación de la ley de la Cámara de Cuentas de la RD-CCRD- obliga recordar una de las travesuras de la nueva era. El poder decidió proteger la CCRD con la excusa de la necesidad de la nueva normativa. El gobernante, después de condenar a los antiguos miembros de la CCRD, y provocar el inicio de la suspendida “Operación Caracol”, diseñó la Cámara del Cambio, piropeada por él y valorada por el entonces presidente del Senado. Los escándalos relacionados con el proceder de un atolondrado presidente del organismo, rehén de los zares cívicos, fueron olvidados. El trabajo de la Cámara perdió interés. La decisión fue “dejar eso así” hasta la promulgación de la ley. La batuta oficial dirige la voz del pueblo que repite el libreto para crear la percepción de participación. Además de la entrega de pergaminos, en el Congreso apuran el conocimiento de otras propuestas. Quieren compensar la dedicación a la campaña electoral y contribuir con la redacción del discurso final del periodo 2020-2024, para que las ovaciones retumben en la Asamblea. A partir de hoy, la prisa aumentará.