Santiago.- Por la muerte de Richard Rafael Báez (El Barbero), luego de ser apresado en el sector Cienfuegos, la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial dictó este viernes tres meses de prisión preventiva a dos oficiales de la Policía Nacional y garantía económica a otro.

La magistrada Yiberty Polanco impuso tres meses de cárcel al capitán Manolo Aquino, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Cienfuegos, así como al segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez.

Al primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz se le impuso impedimento de salida del país y garantía económica de 500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora. Además, deberá presentarse ante la fiscalía el último viernes de cada mes durante todo el proceso.

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El capitán Aquino y el segundo teniente Jerez Suárez deberán cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, de esta ciudad.

Los abogados de la familia de la víctima se mostraron conformes con la decisión, porque dos se quedarán presos y otro con impedimento de salida del país.

Por parte del Ministerio Público actuaron los fiscales Patricio Rodríguez y Melania Bautista.

Los tres oficiales incurrieron en los delitos de asociación de malhechores, homicidio y robo, de acuerdo al Ministerio Público, que investiga en estos momentos varios casos de abuso policial.

En la solicitud de medida de coerción el órgano persecutor estableció en su momento que el pasado 21 de marzo, los imputados produjeron golpes mortales a la víctima.

Indica que los agentes policiales formaban parte de una patrulla motorizada que efectuaban un operativo preventivo en la comunidad El Semillero, del referido distrito municipal, en donde detuvieron a Báez.

Precisa que la víctima fue perseguida hasta su casa y que recibió múltiples golpes cuando intentaba alcanzar la puerta de la vivienda, mientras gritaba y pedía auxilio a su padre para tratar de salvar la vida ante el ataque de los agentes policiales actuantes.

En el cuartel, indica el Ministerio Público, la víctima denunciaba que los agentes le habían sustraído la suma de 30 mil pesos, cuya devolución exigía, pero a cambio recibía golpes de los agentes policiales.

Mientras Báez estuvo vivo en el Hospital Cabral y Báez, y por diligencias del Ministerio Público, el médico legista Iván Joel Guzmán, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), realizó una evaluación del paciente que, al final, lamentablemente falleció producto de los golpes que le propinaron los imputados.