Por ser parte de los irritantes privilegios de que gozan nuestros legisladores, tanto el barrilito como las dos exoneraciones que “les tocan” han salido a relucir en el debate alrededor de la reforma fiscal, pues parece justo que por ahí también haya recortes y sacrificios. Al participar, esta semana, en su encuentro con los medios el presidente Luis Abinader expresó que si fuera Senador de la República no utilizaría el Fondo de Gestión Provincial Previsional, cariñosamente barrilito, por lo que recomienda que sea eliminado.

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Desde luego, una cosa piensa el mandatario, que donó todos sus salarios del pasado periodo, un total de RD$19,440,014.23, a instituciones benéficas, y otra los senadores que se lo autoasignaron; y lo mismo podría decirse de los miembros del equipo económico que trabajaron en la reforma que dejaron intactos esos privilegios, tal vez por aquello de que el Congreso es un poder independiente. Pero también porque con senadores y diputados hay que negociar primero, como se vio en el caso de la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados propuesta en la reforma de la Constitución aprobada al vapor la semana pasada. Y esas negociaciones, como sabe todo el mundo, se parecen mucho a un chantaje, aunque se prefiera utilizar la palabra consenso para guardar las formas y preservar la dignidad del Poder Ejecutivo.

Y como también sabemos todos, por que lo han defendido y justificado abierta y descaradamente, que los senadores se aferran con uñas y dientes a su querido barrilito, no hay muchas esperanzas de que los veamos aportar la cuota de sacrificio que se les pide a los sectores afectados por la “modernización fiscal”. Mientras esos privilegios, tanto los que se ven como los que no se ven, se mantengan, los políticos que nos gobiernan no tienen derecho a pedirnos sacrificios que ellos mismos no están dispuestos a hacer. Hace falta, para que les creamos, predicar con el ejemplo, pues con el del Presidente de la República, por desgracia, no es suficiente.