FERNANDO RODRÍGUEZ C. 
FERNANDO RODRIGUEZ C.
Independientemente de la aprobación o no de la vapuleada Ley de Extinción de Dominio, el Ministerio Público tendrá que seguir persiguiendo a quienes amparados en posiciones oficiales, de los pasados gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se dieron a la tarea de saquear los fondos del erario, igual como se han llevado a cabo una serie de procesos penales como el Caso Medusa.
O sea, que si se aprueba el referido proyecto en base al principio constitucional de la irretroactividad de las leyes, eso no conlleva a que fuera del ámbito de la misma, no se pueda perseguir a quienes en el pasado hayan delinquido y puedan ser objeto de una condena que los obligue a devolver los bienes malhabidos, como se persigue actualmente con los distintos expedientes abiertos en los tribunales por corrupción.
Desde el principio, el natimuerto proyecto presentado en el Gobierno de Leonel Fernández, sin ningún interés en que se convirtiera en ley, ha dado mucho de qué hablar y solo en la gestión de Luis Abinader se ha tomado en serio el asunto encontrándose de frente con una serie de subterfugios de la Fuerza del Pueblo y el PLD, entendiéndose su posición a la luz del axioma de que nadie afila cuchillo para su garganta.
